Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

miércoles, 31 de mayo de 2017

Noriega y la invasión de 1989


A propósito del fallecimiento del general Noriega reeditamos estas notas del libro “Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990)”

El presidente de Estados Unidos, George Bush, justificó la invasión a Panamá sobre la base de una serie de pretextos cuya lógica es casi innecesario rebatir. Según Bush, los objetivos de la invasión del 20 de diciembre fueron: proteger la vida de los norteamericanos residentes en Panamá, atacar el narcotráfico sometiendo a Noriega a la justicia y "restaurar" el proceso democrático panameño.
 
El régimen militar jamás amenazó la vida y las propiedades de los norteamericanos y los grandes capitalistas, por el contrario, protegió hasta el final dichos intereses a costa del sacrificio de los trabajadores panameños. Hasta en el plano militar la política de las FDP fue la de evitar la confrontación, pese a las reiteradas provocaciones del ejército norteamericano. Es más, la inconsecuencia de la dirección norieguista llegó al extremo de que la mayoría absoluta de la alta oficialidad, con un par de honrosas excepciones, abandonó los cuarteles y huyó cobardemente apenas supo que venía la invasión, dejando a la tropa librada a su suerte.
 
Si el problema era que el general Noriega había convertido a Panamá en el paraíso del narcotráfico y el lavado de dinero, pues entonces hay que decir que estas actividades han continuado con fuerza después de la invasión. Transcurridos casi cuatro años de la invasión, el diario norteamericano Washington Post decía: "El Departamento de Estado reconoce que, aparte del propio Estados Unidos, la nuevamente democrática Panamá es el centro más activo de lavado de dinero cocainero del hemisferio" (1).
 
A nuestro juicio, se pueden resumir en tres los objetivos reales de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989: los relativos a la estabilización de la situación política y el tipo de régimen necesario para lograrlo; los económicos, que estaban muy relacionados con lo anterior, es decir, la aplicación del plan fondomonetarista; y los geopolíticos, el problema de las bases militares y su control sobre el Canal de Panamá.
 
Respecto al primero y segundo objetivos, es conveniente recordar lo que ya hemos señalado en los capítulos anteriores, el proceso de democratización que fuera pactado entre los militares panameños y el imperialismo norteamericano fue hecho añicos por las luchas de los trabajadores contra los planes de ajuste estructural. Muchas personas, al calor de las contradicciones surgidas entre la Casa Blanca y Manuel A. Noriega, a partir de 1987, olvidan que el plan de "democratización" fue pactado entre ambos, y que las contradicciones entre los militares panameños y los estrategas del Departamento de Estado sólo surgieron luego de 1985, cuando las luchas populares habían afectado la estabilidad política del régimen y a sus "ajustes".
 
El plan de "reacción democrática" se desarrolló de común acuerdo entre los militares panameños y Estados Unidos en su primera fase (1978-84), y que en 1984 éste recibió un nuevo espaldarazo de ambos con el respaldo que otorgan al presidente Ardito Barletta. La conjunción de intereses se manifestó también en el apoyo que recibió el proyecto de militarización de la Guardia Nacional (Ley 20) por parte del Pentágono. En prueba de esto señalamos que la ayuda financiera a las fuerzas armadas panameñas por parte de Estados Unidos saltó de 0.3 y 0.4 millones de dólares en 1980 y 1981, a 5.4 en 1982, 5.5 en 1983, 13.5 millones en 1984 (!), 10.6 en 1985, 8.2 en 1986, para volver a caer en 1987 a 3.5 millones de dólares (2).
 
¿Cuándo y por qué se inician las contradicciones entre el gobierno norteamericano y la cúpula militar panameña? Ya hemos citado a prominentes personalidades burguesas, como Aquilino Boyd y Arnulfo Arias, que en julio de 1985 exigían (el primero a los militares y el segundo a Estados Unidos) cambios políticos para romper la parálisis en que se había sumido el gobierno de Barletta producto de las luchas populares contra el plan fondomonetarista.
 
Ese año (1985) para superar la crisis, la cadena se rompió por el eslabón más débil: los militares ofrecieron la "cabeza" (en el sentido político) de Barletta. Inmediatamente importantes sectores de la burguesía y la "oposición" dieron una tregua al nuevo gobierno de Eric Delvalle en un intento por mantener a flote el proyecto de "reacción democrática".
 
Pero persistía un problema: debido al fraude electoral y a las luchas contra el plan de ajuste el pueblo panameño no había mordido el anzuelo, y no se comía el cuento de que vivía en un régimen democrático. Se sabía que los militares eran el poder real, y que eso no había cambiado. El asesinato de Spadafora había colocado dramáticamente este problema en el centro de la escena política, aunque no olvidemos que un año antes, en el programa de COCINA ya figuraba allí la exigencia de recortar el presupuesto de las FDP. La movilización popular amenazaba directamente al centro del poder político, las FDP, y colocaba la posibilidad de que una serie de luchas llevara a una debacle del régimen sin que existieran mecanismos de recambio.
 
Este es el origen de las contradicciones: un sector de la burguesía panameña, y el Departamento de Estado norteamericano, empezaron a exigir a los militares panameños (durante 1986) que adoptaran medidas concretas que hicieran creíble ante el pueblo que ellos se replegaban de la actividad política cediendo el poder a los civiles, subordinándose al presidente de la República, etc. Había que establecer un calendario de "democratización", en el que la fecha clave era el retiro o jubilación del General Manuel A. Noriega, quien a los ojos de todo el mundo era el "hombre fuerte" de Panamá. Si esto no se hacía, no había manera de darle legitimidad al gobierno y al régimen, pues las masas panameñas no se tragarían el cuento de la "democracia".
 
No olvidemos que el objetivo de la reacción democrática es el de crear un régimen presidencialista, con un rejuego de partidos políticos en el parlamento para que puedan canalizar el descontento popular hacia la vía electoral. De esta manera, frente a las luchas obreras y populares se crean mecanismos de intermediación y contención que los regímenes militares no tienen.
 
Mientras que para la estrategia imperialista y la oposición burguesa se trataba de realizar a cabalidad la institucionalización democrática, lo que implicaba no sólo elecciones, sino la posibilidad de que la ADOC ganara, y que el mando de las FDP fuera impersonal, llevado por funcionarios militares sometidos a un acuerdo nacional que limitaba su intervención en aparato estatal, etc; para el régimen militar y sus acólitos se trataba de ejecutar una "democratización" aparente, pero que jamás cuestionara su papel de árbitro supremo, ni su control del aparato estatal.
 
La resolución de la crisis se complicó hasta hacerse imposible un acuerdo gracias a las particularidades históricas panameñas, en las que el problema nacional y la presencia norteamericana determinan decisivamente los acontecimientos políticos. De manera que, una crisis que en otro país latinoamericano probablemente se habría resuelto en un tiempo menor, con la imposición por parte del imperialismo norteamericano y sus aliados internos de sus designios, en Panamá se prolongó por dos años.
 
Debido al arraigado sentimiento antimperialista de importantes sectores del pueblo panameño frente a la permanente intromisión norteamericana en nuestros asuntos, una parte notable del movimiento obrero cesó sus luchas contra el régimen y su plan económico conforme aumentaban las presiones norteamericanas. Es más, parte importante de la clase obrera y las capas medias de la sociedad, apoyó activamente a Noriega porque lo veían como la cabeza de la lucha nacionalista de nuestro pueblo. Por supuesto, este hecho no está en contradicción con el apoyo de masas recibido por la Cruzada Civilista, especialmente en la clase media. Porque, aunque minoritarios con relación a los civilistas, no se puede desconocer que también el nacionalismo levantado por el régimen militar tuvo apoyo en miles de activistas. 
 
Esta base social, activa o pasiva, fue la que permitió al régimen militar panameño sobrevivir dos años de aguda crisis política, sanciones económicas y presiones norteamericanas. A la base social interna, hay que sumar el respaldo internacional por la causa panameña frente al imperialismo norteamericano, la cual impidió siempre a la OEA votar una resolución de condena al régimen panameño, sin que, por otro lado, tuviera que condenar la intromisión extranjera.
 
Noriega, sin ser un consecuente antimperialista ni nacionalista, se apoyó en estas contradicciones reales existentes entre Panamá y Estados Unidos, para sobrevivir convirtiéndose en vocero de la causa nacionalista panameña.
 
El choque entre los dos proyectos políticos y el conjunto de la crisis se centró durante dos años en un sólo punto: el retiro de Noriega. Conforme la crisis política se fue agudizando este punto fue concentrando todos los problemas. Agobiado por las presiones, el General Noriega estuvo dispuesto a ceder el gobierno civil a Guillermo Endara a principios de 1989 (por eso las elecciones fueron "las más limpias de la historia", hasta el día de la elección), e inclusive después (entre junio y agosto) se propuso un "gobierno compartido" encabezado por Endara. Lo único que no aceptaba Noriega era que se le obligara a renunciar, menos aún si Estados Unidos no retiraba la acusación por narcotráfico, ni que se desmantelara la institución.
 
Pero ni la ADOC ni el Departamento de Estado yanqui podían aceptar a Noriega, pues su sola presencia indicaba una continuidad del régimen y de la crisis. A la vez que ellos necesitaban liquidar la autonomía relativa alcanzada por los militares panameños, para reorganizar la institución militar de acuerdo al nuevo régimen político presidencialista que se intentaba imponer.
 
Estas diferencias no eran meros matices, sino que tras ellas subyacía el problema concreto acerca de qué fracción detentaría el poder y sus privilegios. El triunfo de un sector eliminaba al otro. Seguramente esto es lo que quería señalar Solís Palma cuando decía que ceder a Noriega significaba el "comienzo del fin". Era el final de un régimen político, y de los funcionarios civiles y militares que lo encarnaban. Más que eso, era el final del régimen político con mayor autonomía (con respecto a Estados Unidos) de la historia panameña, el cual logró crear también una élite de funcionarios y tecnócratas con relativa independencia de lo que se ha dado en llamar la "sociedad civil".
 
Estas contradicciones a lo interno de la clase dominante panameña tenían que ser más agudas cuando se estaba a las puertas de la última década del siglo, momento en que, de acuerdo a los Tratados del Canal, Torrijos - Carter, debían revertir valiosas instalaciones y terrenos, así como el canal mismo, a la soberanía y economía panameñas. La fracción de la burguesía que maneje los destinos políticos del país será, sin duda, la mayor beneficiaria de la privatización de los "bienes revertidos", evaluados en unos 30,000 millones de dólares.
 
¿Quería el imperialismo norteamericano la destrucción del aparato de las FDP por ser un ente "nacionalista", tal y como lo pintan los defensores del ex régimen militar? Definitivamente que no. Al menos durante la mayor parte de la crisis ésta no fue la intención del gobierno norteamericano. Además de que el comportamiento de las FDP, hasta principios de 1987 (y aún después), no representaba una amenaza para los intereses norteamericanos, más bien actuaban como aliadas ¿Por qué destruir un aparato cuidadosamente construido por el propio Comando Sur? Las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca y las resoluciones del Senado llegan a apelar reiteradamente a favor de que Noriega ponga la fecha de su retiro como una medida de salvar a las FDP.
 
La invasión a Panamá y la destrucción de las FDP quedó colocada por la realidad recién a mediados de 1989, cuando la crisis panameña llegó a un punto sin salida, y cuando ésta se conjugó con un plan del ejército norteamericano para recuperar su prestigio e intentar superar el "síndrome de Vietnam" realizando acciones militares directas en otros países.
 
Según el periodista norteamericano Bob Woodward (3), la administración del presidente George Bush empezó a planear seriamente la invasión en mayo de 1989, después de la anulación de las elecciones. Pero todavía en el mes de julio de ese año el general Frederick Woerner, jefe del Comando Sur, se oponía a la acción armada por lo que fue suplantado por el general Maxwell Thurman. Ya en octubre de 1989 la decisión de invadir estaba tomada, y simplemente se afinaban los detalles. Por eso, Estados Unidos no apoyó al mayor Moisés Giroldi y los golpistas del 3 de octubre.
 
¿Se oponía de tal manera el régimen militar panameño a legalizar la permanencia de sus bases militares más allá del año 2,000, de tal manera que necesitaba Estados Unidos invadir y destruir a las FDP? ¡Definitivamente no! Hasta 1987 la relación entre el Pentágono y el régimen militar fue de colaboración, por lo cual, si fuera el caso, se habría podido renegociar la permanencia de las bases militares sin que eso significara un choque violento.
 
Todavía después, en la fase más aguda de la crisis, en agosto de 1989, el propio general Noriega dijo, "si los norteamericanos quieren las bases, que vayan y las pidan, pero que no hagan como el hombre que quiere enamorar a una mujer y la viola" (4). Esta declaración dice mucho del "nacionalismo" de Noriega y su régimen.
 
¿Necesita Estados Unidos renegociar la permanencia de sus bases militares en Panamá más allá del año 2,000? Definitivamente sí. Cuando el presidente James Carter firmó el Tratado del Canal, Estados Unidos pasaba por un momento altamente crítico (Watergate, pérdida de la guerra de Vietnam, etc).
 
En una circunstancia como esa Norteamérica accedió a ponerle una fecha final para la presencia militar en Panamá, reservándose el derecho de intervención a perpetuidad. Pero a medida que esa potencia se ha recuperado del "síndrome de Vietnam", se ha replanteado el problema de su control sobre zonas estratégicas del mundo, y Panamá es una de ellas. Por eso, el Senado y grupos asesores en política exterior, como el llamado Grupo de Santa Fe (que asesoró los gobiernos de Reagan y Bush), han planteado con claridad el objetivo de obtener un nuevo acuerdo sobre las bases militares en nuestro país.
 
No se trataba de que las FDP tuvieran una postura recalcitrantemente nacionalista, pero si era cierto que Estados Unidos necesitaba resolver la crisis política panameña también para que un régimen estable, y sumiso, pueda renegociar un acuerdo de bases. Esta fue una situación parecida a lo que sucedía a fines de los años 60, la crisis política se había convertido en obstáculo para la incluso renegociación del tratado sobre el Canal de Panamá. Además, el gobierno norteamericano debía promover una reorganización de las fuerzas armadas panameñas, tratando de acabar con los elementos nacionalistas y torrijistas que habían crecido a lo interno y que podrían ser reacios a una relación de sometimiento hacia el Comando Sur. Esto se ha venido haciendo desde la invasión.
 
Lo que no es cierto es la versión propagandística lanzada por los acólitos del régimen militar, de que era completamente antagónica la existencia de las FDP y las tropas norteamericanas. Por el contrario, el Pentágono promovió en sus inicios el desarrollo de la Guardia Nacional, pues necesitaba de un cuerpo de seguridad panameño que les ayude a mantener el control sobre el Canal, sin que sus tropas tengan que intervenir constantemente.
 
(Agregamos ahora, en 2017: ese acuerdo de bases fue el proyecto de CMA que intentaron bajo el gobierno del PRD de Ernesto Pérez Balladares y que fracasó rechazado por el pueblo panameño. Pero bajo el gobierno de Mireya Moscoso en adelante los gobiernos han firmado con Estados Unidos acuerdos de seguridad que hacen el papel del acuerdo de bases. Como el llamado Acuerdo Salas-Bequer, firmado en 1991, que entrega la soberanía sobre el espacio aéreo y el mar territorial a estados Unidos con la excusa de combatir el narcotráfico).
 
Bibliografía
 
1. La Prensa, 26 de septiembre de 1993.
 
2. Brannan J., Betty. "Desde Washington". La Prensa, 21 de octubre de 1990.
 
3. La Prensa, 3 de mayo de 1991.
 
4. Gaceta Económica, año 2, Nº 10. Septiembre de 1989.

Tembladeral suramericano, Unasur y papel de las izquierdas


América XXI

Volvieron a cambiar las relaciones de fuerzas en la región con el derretimiento de Michel Temer, presidente ilegítimo de Brasil.
Llevada a un nivel desconocido la inestabilidad política, el gigante latinoamericano sufrirá un nuevo frenazo en su muy lenta recuperación económica, incluso si tuviere éxito el intento –en curso mientras se redactan estas líneas– de cambiar suavemente a Temer y mantener a Henrique Meirelles en el ministerio de Hacienda. Ese resultado golpeará con dureza a los planes de crecimiento en Argentina. Incluso si esto no redundase en una derrota electoral de Mauricio Macri y su coalición Cambiemos, disminuiría significativamente la ya escasa e inestable base de sustentación de Macri.
Dicho en otros términos: la derecha regional tiene mucho menos poder de fuego para atacar a la Revolución Bolivariana.
Itamaraty debió suspender a última hora una reunión por fuera de cualquier organismo regional organizada en Brasil para el martes 23, con el objetivo de acelerar el derrocamiento de Nicolás Maduro. “Hoy más que nunca América Latina (debe aunar) esfuerzos diplomáticos”, dice un ex canciller argentino en la página de opinión del diario La Nación. Y agrega, con inocultable congoja: “lamentablemente la OEA no parece estar en condiciones de ser hoy el vehículo más efectivo para transitar por ese camino. El secretario general del organismo quemó naves antes de la batalla diplomática, limitando gravemente su papel en la crisis”. Ya ni en su cubil lo protegen a Malinche Almagro. Pero el ex diplomático acierta: la OEA no sirve.
Pugna en Unasur
¿Será útil Unasur para el objetivo ya imposible de encomendar a la OEA? Una leve descompensación del presidente Mauricio Macri durante la asunción de Lenín Moreno, a causa de la altura de la Capital ecuatoriana, impidió la programada reunión informal de presidentes del bloque suramericano para tratar el caso Venezuela. El malestar físico evitó uno mayor de carácter diplomático. Nicolás Maduro no estaba en Quito, pero los presidentes ya estaban informados de dos noticias clave: a fines de julio será la elección de diputados para la Asamblea Constituyente en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral fijó el 10 de diciembre para las elecciones regionales. ¿Qué podían demandar los conjurados de Unasur? ¿Adelanto de elecciones presidenciales? ¿Omisión de cualquier respuesta al accionar violento y los actos terroristas de la oposición desenfrenada?
Por caso: a esa misma hora Temer enviaba tropas militares a Brasilia para contener la furia de manifestantes que exigen su dimisión e inmediatas elecciones directas. ¿Puede Unasur declararse en guerra contra una medida de excepcional participación democrática en Venezuela y asociarse al uso de fuerzas militares contra la población civil en Brasil? Porfiar en ese sentido equivaldría a hacer estallar el organismo. Y no precisamente para fortalecer la OEA.
Por tanto, es improbable que en este nuevo cuadro de situación regional Macri pueda alcanzar consenso para su avanzada contra Maduro. La nueva e inestable relación de fuerzas comienza a hacerse sentir en forma de parálisis. Algunas fuentes aseguran que en su fugaz paso por Buenos Aires, el saliente presidente ecuatoriano Rafael Correa acordó con la vicepresidente argentina Gabriela Michetti un nombre conflictivo para presidir Unasur: Octavio Bordón. El ex dirigente del Frepaso que vio frustrada su carrera a la presidencia a fines de los 1990, está considerado por conocedores del tema como representante del Opus Dei. Su eventual designación sería más que un desaire para el Papa Francisco, líder de la corriente opuesta en el entramado Vaticano, además de agregar un factor de conflicto al funcionamiento de Unasur.
Revolución y conducción política
Ante este panorama, resalta más la ausencia de iniciativa en las izquierdas latinoamericanas para entrar a la lid con papel protagónico. Décadas atrás era ya visible la existencia de una crisis en el pensamiento revolucionario, específicamente en la teoría marxista. Hoy las cosas han pasado a mayores.
En Venezuela ocurre en estos meses un hecho trascendental para el rumbo de América Latina, pero también para la teoría política revolucionaria. Es posible afirmar que aquella crisis, sin pausa agravada, ha llegado al punto de demoler conceptos teóricos básicos y anular elementales reflejos de una genuina dirección revolucionaria.
Cuando en los años 1930 el Partido Comunista alemán se negó a hacer un frente único con el Partido Socialista para enfrentar a Hitler, Trotsky hizo una afirmación profética: “(tras la victoria del nazismo) el proletariado alemán se levantará; el Partido Comunista Alemán jamás”. Es posible hacer una afirmación análoga en este momento respecto del posicionamiento de ciertas organizaciones de izquierda en relación con la situación en Venezuela.
La respuesta en curso a la severísima crisis en Venezuela por parte de Maduro y la dirección del Psuv es un ensayo de conducción política revolucionaria que abrirá huella. La conducción político-militar de la Revolución Bolivariana apela a la movilización y organización de masas y, en condiciones dramáticas, busca mantener la unidad social y política de las grandes mayorías. Habrá que discutir planes y medidas económicas, métodos en ciertas áreas, criterios de funcionamiento del Psuv y los organismos de masas. Pero lo esencial es una lección de táctica y estrategia antimperialista y anticapitalista desde el ejercicio del gobierno, en un marco internacional excepcionalmente adverso. Tema para reflexión teórica, debate político y acción consecuente de aquí en adelante.

Las FARC 53 años después



No todos los días una guerrilla en Colombia, toma la decisión de dejar las armas y convertirse en un partido político; la última vez fue en 1.991 y ahora parece tocarle el turno a las FARC, organización nacida el 27 de mayo de 1.964.
Digo que parece corresponderle el turno a las FARC, porque su Dirección tiene esta decisión tomada, pero es claro que el régimen colombiano, no tiene la misma decisión, porque la mitad afirma que si quieren ver a las FARC como un partido político, mientras que la otra mitad se opone a esta transformación. Ambas facciones coinciden en que la solución política del conflicto interno, consiste en que desaparezca la resistencia guerrillera, es decir que deje de existir la rebelión armada revolucionaria, pero sin acabar las causas que la generan.
Si la elite dominante considera correcto acabar las consecuencias del conflicto, dejando intactas las causas, habría que hacerles una medición de inteligencia para entender cómo piensan; pero no, no se trata de falta de inteligencia, es más bien de falta de voluntad política para cambiar, sin ceder en sus privilegios, porque así se encuentran cómodos.
Varios pensarán que el actual gobierno de Santos, si quiere cambiar las causas del conflicto, pero no puede hacerlo. Lo mismo le dijeron en 1.957, a Juan de la Cruz Varela, el último guerrillero liberal:
Incorporar su gente al ejército, darles tierra a los que quisieran volver al campo y además dinero para la vaca y el caballo. (Son) peticiones excesivas, una cosa imposible” [1].
Las peticiones excesivas
Los guerrilleros que se desmovilizaron en 1.991, contribuyeron a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente consagró a Colombia, como un Estado social de derecho; pero un cuarto de siglo después, las elites gobernantes le han introducido varias docenas de cambios, a favor de las corporaciones multinacionales y de las minorías privilegiadas... estos son los cambios que le gustan al régimen.
Ahora las FARC piden al régimen tres seguridades: física, jurídica y socioeconómica. Ante las cuales, otra vez desde las clases dominantes dicen que son “peticiones excesivas”. Porque la realidad está demostrando, que las bandas paramilitares proliferan y ya llevan 60 líderes sociales asesinados este año; además, la Corte entregó los acuerdos con las FARC al Congreso, donde sufren una nueva andanada de cambios, ¿adivinen a favor de quiénes?; y en cuanto a los proyectos socieconómicos, de todos es sabido que las finanzas de los banqueros patrocinadores de Santos van bien, pero el tesoro público va mal.
Incumplimientos S.A.
Es notable el esfuerzo que hacen las FARC para seguir cumpliendo lo acordado, mientras el gobierno apurado logra llegar al 13 por ciento de cumplimiento de lo que le corresponde. Pero el asunto de fondo es de falta de voluntad del régimen para cumplir; por ejemplo, el Proyecto de ley sobre tierras, presentado recientemente por el gobierno, sirve al agronegocio multinacional y a los grandes propietarios nacionales, desconociendo abiertamente lo pactado con las FARC sobre este asunto.
El panorama en cuanto a justicia no es mejor, porque en lo pactado sobre verdad y asumir responsabilidades por los hechos del conflicto; mientras las FARC se apegan a lo acordado, en las clases dominantes y sus agentes, realizan un verdadero campeonato por quién saca más ventajas de la Jurisdicción Especial de Paz, en términos de quién elude mejor su responsabilidades y se las achaca a niveles inferiores de mando. Lo peor de todo, es que los sectores de la derecha extrema, hacen política gritando que van a “hacer trizas” los acuerdos de paz, que les conceden una supuesta impunidad a las FARC.
Las elites gobernantes mantienen la tradición centenaria de incumplirle al pueblo y sólo cumplirse a sí mismas y a extranjeros poderosos; por esto está en curso una oleada de protestas sociales que van desde los 250 mil educadores, pasando por paros en regiones como el Chocó, Buenaventura, Cauca y Barrancabermeja; las que son las más excluidas y empobrecidas, al estar pobladas por minorías negras e indígenas.
¿Y el ejército?
Para terminar la comparación con los acuerdos hechos por la elite con la guerrilla hace 6 décadas, debo decir, que en esta coyuntura, está en duda si el gobierno cumplirá sus promesas de entregar tierra, vacas y caballo, a quienes dejen de ser guerrilleros. De incorporación de los guerrilleros al ejército estatal no se habló en estos acuerdos, porque es algo inconcebible para el régimen.
En cualquier país normal, el ejército se dedica a cuidar las fronteras, pero en Colombia desde antes del asesinato de Gaitán en 1.948, las clases dominantes involucraron al ejército y a la policía en el conflicto interno; por esto volver a colocar a las fuerzas militares en la función para la que Bolívar las creó, requiere mucha presión desde la sociedad.
En vez de pensar en reducir el ejército y los presupuestos de guerra, el régimen decidió afiliar a Colombia a la máquina bélica de la OTAN, decisión poco conocida por las y los colombianos, pero rechazada por nuestros vecinos; como lo expresan decenas de intelectuales de Latinoamérica y el Caribe:
Al ser Colombia parte de la OTAN inmediatamente se convierte en un objetivo de la guerra inhumana que la misma OTAN ha fomentado lo que pone al mismo tiempo a todo nuestro continente en riesgo.
Creemos que Colombia y todos nuestros países deben avanzar para hacer realidad plena el objetivo que América Latina y el Caribe sean una Zona de Paz como proclamó la CELAC, en enero de 2014, en La Habana, Cuba.
Pedimos que Colombia revierta esta dec

Trump y la venta de la reserva estratégica de petróleo



Alejandro Nadal
El proyecto de presupuesto dado a conocer por la Casa Blanca busca reducir la deuda federal. Y uno de los componentes importantes para alcanzar ese objetivo es mediante la venta de la mitad de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida se vincula estrechamente con la política energética de la administración Trump y merece un análisis cuidadoso.
La Reserva estratégica de petróleo (REP) de Estados Unidos es una provisión de petróleo para periodos de emergencia con una capacidad de hasta 727 millones de barriles de crudo. Fue creada en 1973 a raíz del embargo petrolero decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en respuesta a la ayuda estadunidense a Israel en el contexto de la llamada guerra del Yom Kippur.
El inventario contiene al día de hoy unos 695 millones de barriles guardados en cuatro depósitos ubicados en las costas de Texas y Louisiana, cerca de los principales centros de refinación de crudo en Estados Unidos. Las instalaciones incluyen cuevas artificiales en domos salinos que alcanzan hasta mil metros de profundidad y se calcula que el costo de construcción de estas instalaciones rebasó los 4 mil millones de dólares (mmdd).
La reserva actual representa el equivalente a unos 46 días de consumo de petróleo (a las tasas de consumo aparente de 2015). A los precios corrientes en el mercado internacional, la Casa Blanca calcula que el valor de mercado de toda la reserva es de unos 48 mmdd. La venta de la mitad de la reserva se llevaría a cabo en un plazo de diez años y generaría 16.6 mmdd.
En realidad esa cantidad de recursos casi se antoja insignificante cuando se le compara con la deuda del gobierno federal que hoy rebasa los 19 billones (castellanos) de dólares. Pero el proyecto de Trump tiene implicaciones para el mercado mundial de petróleo, la política energética de Estados Unidos y el proceso de cambio climático.
Si bien es cierto que los precios internacionales de crudo han repuntado ligeramente en los últimos meses, por el lado de la oferta el mercado sigue estando saturado a pesar de los últimos acuerdos de la OPEP. Sin duda un panorama de precios deprimidos se va a mantener. El anuncio de que habrá una inyección de más crudo al mercado mundial proveniente de la venta de la REP, aunque dicha venta se lleve a cabo a lo largo de los próximos años, contribuirá a mantener bajos los precios.
La intención de vender la mitad de la REP es consistente con la política energética de Trump. Su objetivo es convertir a Estados Unidos en un país autosuficiente en petróleo y desde esa perspectiva mantener la Reserva estratégica es redundante. Trump ya ha firmado una orden ejecutiva para concluir la construcción del oleoducto Keystone que va desde los campos de Alberta (en Canadá) hasta Port Arthur, al noreste de Houston. Este oleoducto ya transporta diariamente medio millón de barriles de crudo hacia Estados Unidos, pero el desarrollo de los yacimientos de Alberta requiere una salida más importante hacia el mercado internacional vía la costa del Golfo de México. El oleoducto ha estado en disputa desde hace años y Obama nunca quiso firmar el permiso correspondiente. Una de las primeras medidas anunciadas por la administración de Trump fue dar luz verde al proyecto.
Los yacimientos de arenas bituminosas en el río Athabasca, en Alberta, figuran entre los más importantes del mundo con 1.7 billones de barriles de crudo (magnitud sólo superada por las reservas de Arabia Saudita y de la cuenca del Orinoco en Venezuela). Pero estos yacimientos son de crudo muy pesado que es difícil de extraer, transportar y refinar. Por esas dificultades estos campos ya son responsables de 10 por ciento de la huella de Canadá en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para Estados Unidos la aportación de estos campos es una de las claves para reducir la dependencia energética frente a las fuentes del Medio Oriente.
El otro elemento importante para reducir esa dependencia es la producción doméstica a través de la tecnología de fractura hidráulica (fracking). El repunte de los precios de crudo ha dado nuevos bríos a esta industria en Estados Unidos, con lo que el lobby petrolero considera no es necesario mantener la Reserva estratégica de petróleo. La venta de la Reserva es el primer paso hacia la consolidación de una autosuficiencia energética basada en combustibles fósiles.
Éstas son muy malas noticias en el ámbito de las reducciones de emisiones de gases invernadero. La administración Trump no ha anunciado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático. Como se sabe, los compromisos voluntarios nacionales de reducción de emisiones no son vinculantes, pero por lo menos implican un cierto valor moral y debieran, en principio, facilitar la transición hacia un perfil energético basado en energías renovables. La venta de la Reserva Estratégica de Petróleo es una señala clara de que la plataforma energética de Estados Unidos seguirá basándose en combustibles fósiles.
Twitter: @anadaloficial

martes, 30 de mayo de 2017

Frente Brasil Popular propone plan de emergencia ante la crisis


El sector de los trabajadores ha realizado una serie de protestas y manifestaciones, exigiendo la renuncia del presidente Temer. Foto: Reuters
El sector de los trabajadores ha realizado una serie de protestas y manifestaciones, exigiendo la renuncia del presidente Temer. Foto: Reuters
El Frente Brasil Popular presentará este lunes en la ciudad de Sao Paulo un proyecto de modelo social, que facilite el fortalecimiento de la economía nacional, ante la crisis política e institucional que atraviesa el país actualmente.
El conjunto de organizaciones populares busca la implementación de un plan que responda a las necesidades de los trabajadores, en caso de que Temer abandone la presidencia y se instale un nuevo Gobierno de emergencia.
Esta iniciativa, denominada Plan Popular de Emergencia, busca principalmente el desarrollo y la recomposición de la industria y el mercado interno, así como también el combatir las crecientes desigualdades en los ingresos y el patrimonio nacional.
De esta manera, el Frente Brasil Popular aspira a crear “un modelo social basado en el bienestar y la democracia”.
El documento está planteado como una nueva alternativa que favorezca a los trabajadores, en caso de que exista un Gobierno de emergencia, ante la posibilidad de una salida anticipada del presidente no electo, Michel Temer.
Por su parte, el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stédile, señaló que este plan popular “se produce en momentos en que el gobierno golpista de Temer está llegando a su fin”.
Temer solo continúa en el poder porque la burguesía todavía no acordó el nombre de su sucesor”, afirmó Stédile.
Estructurado en diez áreas temáticas, el texto presentado por el conjunto de organizaciones populares plantea la necesidad de una propuesta de convocatoria para una Asamblea Constituyente, que reglamente un nuevo orden político para las elecciones de 2018, despojado de la influencia del poder económico.

Los 28 objetivos de Trump en su visita al triángulo de las religiones semíticas



Da igual que Arabia Saudí, Israel y el Vaticano no representen ni a los fieles del Islam, el judaísmo y el cristianismo ni a dichos credos, pero han sido los primeros destinos de Trump como presidente para:
  1. Utilizar la caduca farsa de la “alianza de religiones” contra la otra farsa, el terrorismo islámico, pretende justificar la pseudo doctrina de Choque de Civilizaciones, una cortina de humo para ocultar el principal problema de la humanidad, que es el terrorismo del hambre, fruto del capitalismo, que asesina cada día a decenas de miles de personas sin importarle su credo.
Los otros objetivos del equipo de Trump en realizar dichos viajes han sido:
  1. Otorgar relevancia a un Trump rechazado a nivel mundial. Los últimos presidentes realizaron su primer viaje a los países vecinos.
  2. Reducir la presión sobre Trump, que está acusado de poner en peligro la seguridad nacional, con logros comerciales y militares en Oriente Próximo, y así sobornar a las compañías petrolíferas y militares que controlan las dos cámaras. 
EEUU vuelve a abrazar a Arabia Saudi
No es ninguna casualidad que la visita de Trump y su séquito a Riad se programase para el 19 de mayo, el día de las elecciones presidenciales de Irán, con el fin de influir en sus resultados. Entre otros objetivos, la administración Trump buscaba:
  1. Imitar a Obama, quien acudió a la sede de los Hermanos Musulmanes en Egipto, para pronunciar un discurso con varias letras pequeñas. 
  2. Mostrar que no es islamófobo, algo que ya sabíamos: él es aporófobo. Expulsa a los pobres, sean mexicanos, árabes o indios, que no a sus élites mafiosas.
  3. Revitalizar las alianzas tradicionales en la región, debilitadas en la era de Obama, y prometer a las élites sunitas del Golfo Pérsico que su estabilidad estaba asegurada.
  4. Recuperar la estrategia tradicional de EEUU de apoyar la estabilidad de las monarquías árabes (que también mantienen, a golpe de sus dólares, el orden en Jordania, Egipto y Pakistán) para mantener el actual mapa global de las rutas comerciales de la región. Apoyar el Islam político (siempre de derecha y fundamentalista) forma parte de esta política.
  5. Hacer negocios: mil millones de dólares, saqueados de las arcas públicas de Arabia, para crear miles de puestos de trabajo en las empresas de armas de EEUU. Manchados de sangre de los yemeníes, sirios o iraquíes, entre otros pueblos. Los misiles que fabriquen apuntarán a Irán. Así acabará también con las voces críticas con Arabia Saudi en las filas del Partido Demócrata.
  6. Conseguir cien millones de dólares para el negocio de mujeres emprendedoras de Ivanka Trump en el Fondo Monetario Internacional, así como consolidar los negocios propios de Trump, como un complejo hotelero. La prensa revela que desde el anuncio de su candidatura, Trump ha creado al menos 46 nuevas empresas.
  7. Expulsar a Rusia del negocio de armas con Arabia, que mostraba interés por los misiles tácticos Iskandar rusos.
  8. Exhibir la fuerte presencia militar de EEUU en el Golfo Pérsico, algo reducido en la era de Obama por su prioridad de contener a China.
  9. Aumentar el peso de Arabia Saudi en la región en perjuicio de Irán y Turquía, países difíciles de domar.
  10. Conseguir que los wahabíes saudíes, algo menospreciados por Obama, suavicen sus ataques verbales a EEUU.
  11. Acercar a los líderes árabes a Israel, a partir de una alianza tácita contra Irán, nombre del país más repetido en la cumbre. ¡Ni una mención a Palestina! Trump ha puesto los cimientos materiales de una gran guerra chiita-sunita de los 55 países sunitas presentes en el encuentro contra Irán, construyendo la OTAN árabe. Así, serán los jeques quienes financien las guerras de EEUU en la región.
  12. Consolar a la Casa Saud por haber sido objeto de los ataques del Trump candidato por varias razones: no acoger a los refugiados sirios, donar millones de dólares a la Fundación Clinton, pretender que EEUU le hiciera el trabajo sucio en Siria, volar las Torres Gemelas (como afirmaba la CIA), tener a mujeres esclavizadas y matar a los gays.
  13. Pasar un rato divertido, riéndose de la audiencia que escuchaba las patrañas de ser aliados en la lucha antiterrorista, siendo ambos patrocinadores del yihadismo desde 1978. La misma CIA condecoró con la medalla George Tenet al príncipe heredero Saudi Mohammed por su lucha contra el terror. Otra cosa es pretender neutralizar al sector antioccidental (que no antiimperialista) de la Casa.
  14. Ignorar y desactivar la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo que denuncia a Arabia Saudi por el 11-S, que el propio Trump defendía cuando era candidato, o sea que el terrorismo islámico no es fruto de la exclusión de los musulmanes.
  15. Mostrar el poder de convocatoria del rey Salman, que reunió a unos 50 jefes de Estado musulmanes en Riad para recibir a Trump, y así justificar esta infame alianza con un peso pesado.
  16. Sabotear los intentos de Irán de reconciliarse con Arabia Saudí, empujándoles a una terrible guerra.
  17. Construir una nueva alianza entre EEUU, los Estados sunitas (árabes, turcos, paquistaníes, etc) e Israel contra Irán, gran rival geopolítico, al que declararon “el mayor patrocinador del terrorismo mundial”.
  18. Regalar una carta verde a los saudíes para entrar en una guerra con Irán, a pesar de que puede terminar con la propia existencia de Arabia Saudí.
Luna de Miel con Israel
En el 50 aniversario de la ocupación de Palestina, y en medio de una huelga de hambre de cientos de presos políticos palestinos en cárceles israelíes, el presidente de EEUU pisaba Israel para:
  1. Reparar los daños asestados por Obama a la extemaderecha judía al no destruir Irán y encima firmar el acuerdo nuclear con el gran rival en la zona. Y eso a pesar de que Obama concedió a Israel la ayuda más grande de la historia de EEUU (38.000 millones de dólares), apoyó todas sus agresiones a Gaza y no reconoció el Estado palestino por la ONU. Pero, si unos 130 países ya han reconocido el Estado palestino, ¿a qué esperan para fundarlo? ¡Si Lenin estuviera ahora en Palestina!
  2. Fingir que busca el acuerdo final de paz entre palestinos e israelíes, cuando no tienen ningún plan propio. EEUU no puede mediar en este conflicto ya que no es imparcial: nunca ha presionado a Israel para que respete los acuerdos internacionales al respecto. Es posible que eche mano de la propuesta de la Liga Árabe de 2002 de reconocer un Estado palestino con Jerusalén oriental como capital a cambio de que los países árabes reconozcan a Israel. Aunque por la naturaleza imperialista de este país, también este plan de paz será archivado.. Por lo que EEUU continuará con la pantomima de negociaciones de paz para que Israel siga ampliando los asentamientos (3.000 más desde la toma del poder de Trump) y se dedicará a gestionar el conflicto.
  3. Introducir, en realidad, el factor incertidumbre en las relaciones de EEUU con Israel y Palestina: ha retrocedido de la promesa de reconocer Jerusalén como la capital indivisible de Israel, petición aprobada por el Congreso en 1995, pero a la que los presidentes de EEUU, cada seis meses, han tendido que firmar la renuncia, retrasando el traslado por “razones de seguridad nacional”. La visita de Trump ha tenido lugar antes del 1 de junio, fecha en que toca volver a firmarla. No quería mayor tensión en las relaciones.
  4. Echar una mano a Netanyahu, ahora que está acusado de fraude y soborno. Los gazatíes deben prepararse para un nuevo ataque de Israel, que suele utilizar la cortina de humo de las bombas para desviar las miradas de los trapos sucios internos.
  5. Trump presionó a Abás para hacer más concesiones por la paz, como abandonar la violencia, eliminar la imagen negativa de Israel en los libros de texto y cortar la ayuda a los familiares de los presos palestinos en cárceles israelíes. Mientras, no pide lo mismo a Israel: que deje de matar a los palestinos, de derruir sus casas o de arrancar sus olivos.
  6. Seguir cooperando en el desmantelamiento y la balcanización de los países grandes de la zona, como lo han hecho en Sudán, Irak, Yemen o Siria, y están decididos en convertir a Irán en el próximo.
El Vaticano como el poder blando de Occidente
Obviamente, un Papa goza de más prestigio internacional que un presidente de EEUU. No en vano, George Bush visitó el Vaticano en seis ocasiones para conseguir su apoyo y Obama, en dos. En su encuentro con Francisco, dijo que iba a hablar de “la pobreza y la desigualdad”. Vale, hablar no hace daño a los ricos. El nuevo presidente de EEUU se ha apresurado hacerse una foto con Francisco, por:
  1. Conseguir la legitimidad de un Papa carismático que le tachó de “no cristiano” por querer levantar muros contra los inmigrantes, que no puentes. Pero Bergoglio muestra una profunda incoherencia estrechando la mano de un magnate que ha comprado el poder político y presume de ser belicista, aporófobo, misógino y va a robar las pocas conquistas sociales de los trabajadores de EEUU, queriendo privatizar hasta los servicios sociales. Su asalto es de tal magnitud que algunos clérigos católicos estadounidense están dando prioridad a la justicia económica y los derechos de los inmigrantes antes que ir contra el aborto.
“Si usted es el Papa del pueblo en EEUU, entonces tiene un problema cuando la misma gente vota a Trump”, advierte el analista Iacopo Scaramuzzi. Ronald Reagan y Juan Pablo II se unieron para luchar contra el “comunismo ateo”, ¿cuál es el papel de Francisco en el diseño estadounidense del mundo?

Las víctimas de Ahuas aún claman justicia

Honduras: Informe de los Departamentos de Estado y Justicia de los Estados Unidos revela mentiras de la DEA sobre masacre de misquitos

LINyM

Los familiares de las víctimas de la masacre exigen que se reabra el caso y que cese la impunidad que ha envuelto el asesinato de sus seres queridos.

En la madrugada del 11 de mayo de 2012, un pequeño bote con 16 personas a bordo se deslizaba en silencio sobre las aguas del río Patuca, en la Mosquitia hondureña, al noreste de Honduras. Un viaje largo y cansado de más de siete horas para llegar a la comunidad de Paptalaya, municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios.

Eran las 2 de la mañana y casi todos los pasajeros dormían. Los pasajeros fueron despertados por el ruido de por lo menos cuatro helicópteros militares estadounidenses que sobrevolaban la zona. Una lluvia de balas de armas de grueso calibre embistió el pequeño bote y sus ocupantes.

El operativo conjunto de agentes del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero por su sigla en inglés) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras dejó un saldo de cuatro muertos: Emerson Martínez Henríquez (21años), Hasked Brooks Wood (14 años), Juana Jackson Ambrosio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años).

También hubo por lo menos 5 heridos de gravedad. Según sus parientes, Juana y Candelaria tenían varios meses de embarazo [1].


Escalada militarista


El operativo se dio en el marco de una creciente militarización de la zona. En los últimos años, bajo el argumento de la lucha frontal contra el narcotráfico, el gobierno norteamericano volvió a invertir millones de dólares en la instalación y equipamiento de nuevas bases militares, como es el caso de las bases navales de Isla Guanaja y Caratasca, en el departamento Gracias a Dios, que se suman a la ya histórica base de Soto Cano (Palmerola).

Además, la embajada de Estados Unidos en Honduras, el gobierno hondureño, la INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), la DEA, y el Comando Sur han diseñado un plan para desplegar temporalmente helicópteros estadounidenses en territorio hondureño para apoyar las misiones antinarcóticos.

De esa manera, Honduras se ha convertido en el país que más bases militares norteamericanas alberga en toda la región. Una escalada militarista que ha tenido su mayor impulso después del golpe de Estado que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.


DEA y Estado de Honduras se lavan las manos


Después de la masacre, el entonces portavoz de la DEA en Washington, Dawn Dearden, reconoció que agentes del FAST estaban trabajando a bordo de los helicópteros en apoyo a la policía hondureña. Alegó que no fueron ellos los que dispararon. La entonces embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske, avaló esas declaraciones y aseguró a medios nacionales que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron en forma debida y en defensa propia, supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.

Los familiares de las personas asesinadas dijeron que fue un ataque indiscriminado, seguido por una persecución sin sentido contra ellos y las personas de las comunidades.

Tanto los familiares de las víctimas como el alcalde de Ahuas, Lucio Baquedano, reafirmaron con fuerza que los agentes hondureños y estadounidenses dispararon de manera indiscriminada, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta que había aterrizado unas horas antes.

Además, el terror que envolvió a la pequeña comunidad de Paptalaya no terminó con el ataque al pequeño bote, sino que se prolongó por varias horas, en cuanto decenas de agentes hondureños y norteamericanos se desplazaron por la zona en búsqueda de supuestos narcotraficantes y su mercadería. Los habitantes fueron detenidos, tirados al piso, amarrados y golpeados sin motivo.

Una noche de terror que aún no tiene responsables, ya que cinco años después de los hechos, dos de los acusados, Noel Andrés Hernández e Iván Neptaly González Herrera, fueron sobreseídos provisionalmente, mientras que al miembro de la DEA Alexander Ramón Robelo Salgado se le abrirá juicio por el delito de homicidio y abuso de autoridad en perjuicio de Emerson Martínez Henríquez.


Los familiares tenían razón


Cinco años después de la masacre que enlutó a la Mosquitia hondureña, un informe de los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, revela que la DEA le mintió al Congreso, a funcionarios del Departamento de Justicia y al público en general. Además planeó mal la operación, no investigó plenamente los incidentes y proporcionó información inexacta a funcionarios del Departamento de Justicia y al Congreso.

En su reporte, el inspector general del Departamento de Justicia no encontró evidencia que respaldara la versión de la DEA.

“Incluso cuando hubo información disponible para la DEA que era distinta a lo que señalaba su reporte inicial, como que el barco de pasajeros podría ser un taxi acuático que llevaba a personas en un viaje nocturno, los oficiales de la DEA se mantuvieron firmes”, señala el día de hoy el New York Times mencionando el reporte.

En ningún momento –continúa el informe– pudieron corroborar la versión según la cual los individuos que fueron atacados por agentes hondureños eran narcotraficantes que intentaban llevarse la droga.

“El informe demuestra que los familiares de las víctimas tenían razón en cuanto a la violación de derechos humanos. Demuestra que las declaraciones, tanto de la DEA como del Estado de Honduras, eran falsas. Ahora tendrán que responder por sus mentiras y por haber manipulado los hechos y hasta estigmatizado a la población de las comunidades miskitas”, dijo a la LINyM Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que asumió la representancia legal de los familiares de las víctimas.

“Una vez más se demuestra que la supuesta política de combate al narcotráfico genera violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades locales”, aseveró Miranda.


Familiares reclaman justicia


“A mi hermana la masacraron. Su cuerpo flotaba en las aguas del río y tenía cuatro heridas de bala. Ella tenía apenas 28 años y estaba embarazada de cinco meses. Yo soy madre soltera de 4 hijos y tuve que hacerme cargo de sus dos hijos. Una situación muy difícil, tremenda. Estoy sola y no sé cómo seguir adelante”, dijo ayer Marlen Zelaya Jackson , hermana de Juana Jackson Ambrosio, durante el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras.

“No hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades. Esa gente es culpable, el mismo informe de Estados Unidos lo dice. Siempre hemos tenido la razón y ahora tienen que pagar por lo que hicieron. Exigimos justicia”, concluyó Zelaya Jackson.


Nota:


[1] En el texto se retoman partes del amplio reportaje publicado por Opera Mundi (aquí en español)

Fuente: LINyM
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La CIDH visitará a Milagro Sala


Página/12

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará a Milagro Sala en el Penal de Alto Comedero antes de fines de junio. Así lo anunció su titular, Francisco Eguiguren, esta mañana al término de una recorrida que los integrantes de la CIDH realizaron por la antigua ESMA. El objetivo de la visita a la dirigente social será conocer “el estado de su integridad física, psicólogica y emocional y las condiciones detención”. 
La recorrida de los integrantes de la CIDH por el sitio en el que funcionó el centro clandestino de detención de la ESMA fue el broche de cierre de su paso por el país para las sesiones extraordinarias llevadas a cabo en Buenos Aires. Los comisionados estuvieron poco más de una semana en el país y en ese tiempo tuvieron entrevistas con representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, sociales y vinculadas a la justicia en las que pudieron registrar los retrocesos que en materia de protección de los derechos humanos se han producido desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno y también de la movilización de la sociedad en su defensa.
En esas reuniones estuvo presente el caso de Sala, en reclamo de cuya liberación hubo el último martes una masiva marcha de antorchas hasta el hotel Sheraton, escenario de las deliberaciones de los comisionados. Frente a tamaña manifestación, los integrantes de la CIDH recibieron entonces a un grupo de dirigentes que participaron en la movilización.
“Se recibió a una delegación de siete personas que vinieron en representación de toda la manifestación, de esta protesta que se escucha aquí en el fondo”, contó luego María Isabel Rivero, encargada de la comunicación de la CIDH, y destacó: “Fue una reunión con muchísima información en la que nos entregaron un informe de violación a los derechos humanos que es bastante largo y nos dieron varias copias. Nos dieron información sobre la situación concreta de Milagro Sala y muchos elementos de contexto sobre su estado.”
Miembros de la CIDH irán antes de que termine junio al penal de Alto Comedero y verán en persona la situación en que está la dirigente social presa desde principios de 2016 por la sucesión de causas que la justicia de Jujuy armó contra ella tras la asunción del radical Gerardo Morales, socio de Macri, como gobernador de esa provincia. El propósito de la visita, según se comunicó esta mañana, es justamente saber sobre “el estado de su integridad física, psicólogica y emocional y condiciones detención”.
Tras la detención de Sala, distintos organismos internacionales que bregan por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos reclamaron su inmediata liberación. El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, advirtió sobre la arbitrariedad del encarcelamiento de la líder de la Tupac Amaru. La CIDH también emitió una declaración en esa línea, aunque no dictó la cautelar en favor de la liberación de Sala que organizaciones de derechos humanos solicitaron y que sería de cumplimiento obligatorio para Argentina. Es un tema que aún tiene pendiente.
La comisión apuntó en su sector de prensa que la visita a la dirigente social jujeña “se realizará en el marco de la medida cautelar en la que Milagro Sala es la propuesta beneficiaria, y que la CIDH está procesando actualmente”. La invitación a visitar a Sala la hizo en su momento el Gobierno cuando su detención se transformó en un escándalo internacional que empezó a jugarle en contra a Macri. Las organizaciones que vienen reclamando por la liberación de la dirigente social remarcan que más allá de la formalidad, la administración macrista vino jugando en contra de la concreción de la visita y la consideran un resultado de su lucha.
Aunque el comunicado oficial no lo precisa, trascendió que en la visita a Sala participarán miembros de una comisión de la CIDH que se ocupa de la violencia contra las mujeres y de la que se encarga de las detenciones arbitrarias.

Donald Trump y los terroristas "perdedores"


El Diario (España)

En el mundo capitalista de Trump los buenos son los ganadores y los malos los perdedores. Por tanto, lo peor y más ofensivo que se le puede decir a un terrorista es que es un perdedor, no importa que quienes más hayan perdido –la vida– sean las víctimas de los atentados



"Muchos jóvenes, inocentes que estaban viviendo y disfrutando de la vida han sido asesinados por unos perdedores. No quiero llamarles monstruos porque les gustaría ese término. Creerían que es un buen nombre. Desde ahora, les llamaré perdedores porque eso es lo que son. Son unos perdedores. Y habrá muchos más. Pero son unos perdedores, simplemente recordad esto". Es el modo en que reaccionó el presidente de Estados Unidos Donald Trump a los atentados de Manchester, donde, de momento, hay 22 personas muertas.

Obsérvese que el empresario, de todos los posibles calificativos, y a pesar de su carácter lenguaraz, elige "perdedores". Ni criminales, ni asesinos, ni hijoputas, y hasta evita el de monstruos; su peor calificativo es el de "perdedores". Vale la pena reflexionar sobre ello. La estructura mental del empresario neoliberal no se mueve dentro de coordenadas morales sino en un marco de competitividad, es decir, de ganadores y de perdedores. Es el marco conceptual que diría George Lakoff.

Las personas no son buenas o malas, morales o inmorales, respetuosas de la ley o violadoras de la ley, solidarias o insolidarias. En el mundo capitalista de Donald Trump los individuos se dividen entre ganadores o perdedores. Por supuesto, los buenos son los ganadores y los malos los perdedores. Por tanto, lo peor y más ofensivo que se le puede decir a un terrorista es que es un perdedor, no importa que quienes más hayan perdido –la vida– sean las víctimas de los atentados, que se jodan los de ISIS, que son unos perdedores.
En el marco conceptual neocon ser perdedor es lo más despreciable, porque no existe ni la solidaridad ni el apoyo al débil. Y lo que es peor, se es responsable de ser un perdedor. Es tan despreciable que es el calificativo que elige Trump para un terrorista de ISIS que asesina adolescentes en un concierto.
En su absurda ceguera neoliberal, el presidente de Estados Unidos no entiende que si hay algo que despierta el odio entre el terrorismo islámico es la sensación de que lo han perdido todo por culpa de Occidente y que lo ganarán gracias al paraíso prometido por el Islam. Ese terrorista que explotó en Manchester llevándose otras 22 vidas lo hizo sabiendo ya que era un perdedor y su miserable consuelo era conseguir convertir a unos adolescentes inocentes en perdedores como él. De modo que llamarle perdedor es solo recordarle a algunos el motivo por el que nos odian.