En demanda de la libertad de Abelino Chub Caal y el fin de la persecución política.
Malos
tiempos para la protesta y el ejercicio de derechos. Grandes y
pacíficas movilizaciones son calificadas en medios de comunicación como desorden, ruido, caos, bloqueo a la libertad de locomoción (ejemplo, 7 de marzo, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA).
Los promotores de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico nos ponen en riesgo a todos, nos colocan en la incertidumbre y dividen, con irresponsabilidad, según opiniones de sectores empresariales.
Comunidades
indígenas que ejercen su derecho de decisión aparecen en comunicados de
prensa promovidos por organizaciones empresariales como
responsables de la subida de la luz, la escasez de energía, la huida de
la inversión por inseguridad jurídica, la pérdida de empleos.
Dirigentes
son perseguidos y encarcelados por defender su territorio, el agua y la
tierra como elementos de vida, tal y como sucede con Bernardo Caal en
Santa María Cahabón y el líder q´eqchi´Abelino Chub Caal en el Polochic.
Siga en Facebook la campaña Libertad para Abelino Chub Caal
Si
usted no se cree la agresividad verbal de esta campaña, vuelva a
escuchar los 108 segundos más intensos de la radiodifusión nacional, un
anuncio que se multiplicó durante el debate de las reformas
constitucionales y el pluralismo jurídico: en el mensaje reproducido de
forma profusa, los empresarios reivindicaron igualdad, seguridad, certeza y responsabilidad (situación actual) y alertaron contra reformas que nos ponen en riesgo, en la incertidumbre y nos afectan a todos (situación que se daría de aprobarse las reformas).
Si
usted no lo cree, revise los comunicados y declaraciones empresariales
sobre la reglamentación del derecho de consulta: invalidan la consulta
al reducirla a diálogo; plantean la homologación retroactiva de los proyectos en marcha, aunque no hayan realizado consulta ni diálogo; contraponen intereses de sectores (pueblos y comunidades) al interés general legítimo, representado en el Estado.
Fin y principio del debate
Entre el Armageddon y la debilidad argumentativa: la defensa de la libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad privada, de la Certeza Jurídica y el Índice de Confianza de Inversión Directa en el país (cámaras
empresariales), obvia el derecho de pueblos y comunidades a decidir si
quieren proyectos, empresas y lo que algunos llaman desarrollo pero se
parece demasiado al despojo. Obvia asimismo las consecuencias
profundamente destructivas del accionar irrestricto empresarial: el
modelo extractivo defendido por los empresarios despoja y se impone por
la violencia, en un marco de democracia muy restringida.
Las
campañas de comunicación empresarial cierran discusiones incómodas desde
el punto de vista de un poder construido sobre verdades inmutables y
nada discutidas: verdades establecidas al antojo de las elites
dominantes, sin espacio para el ejercicio del poder de pueblos,
comunidades y organizaciones.
En la trastienda de la historia
oficial, se ocultan debates de fondo: el debate sobre el colapso
histórico de un Estado y un modo de organización construido con
violencia y exclusión; el debate sobre el modelo de desarrollo, el
racismo, el patriarcado, el capitalismo; el debate que nos interroga y
nos hace ir más allá de lo conocido: ¿es posible un modelo económico sin
extracción de recursos, con respeto a la naturaleza y a la población,
que tenga en cuenta no solo la ganancia inmediata, sino el bienestar de
las generaciones actuales y futuras? Tiene que ser posible, porque
“conciliar” derechos de las empresas extractivas con derechos de las
comunidades nos está llevando a un callejón sin salida, como evidencian
las comunidades de Costa Sur tan ricas en monocultivo y desvíos de ríos
como carentes de agua.
Construcción plural desde abajo frente a un nuevo pacto de elites
El
29 de marzo, en una decisión histórica, la Asamblea salvadoreña aprobó
la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Una versión
preliminar de la ley incluía en sus considerandos (finalmente no
incorporados al texto) la reivindicación del interés público y el bien común, la necesidad de la preservación de la riqueza natural del pais para las generaciones actuales y futuras, al tiempo que declaraba la soberanía y libre disposición sobre los territorios y los bienes naturales.
Lo que el proyecto dice, al margen de otras lecturas de política
interior, es que el modelo de exclusión puede ser cuestionado. La
condición es que lo pensemos y construyamos entre todos, con
protagonismo desde abajo de pueblos, comunidades y sectores populares.
No
sirven los diálogos de los de siempre, concebidos para distraer y no
para resolver los conflictos, sin otra agenda que la seguridad de
inversiones, los derechos de las empresas, la constitucionalización de
la propiedad privada, el Estado de Derecho entendido como el derecho a
hacer negocios. Tampoco parecen suficientes esfuerzos desarticulados y
movilizaciones aisladas.
La crisis profunda de este Estado y este
modelo autoritario y excluyente nos obliga a pensar nuevas formas de
organización y sujetos plurales y colectivos que superen la historia de
violencia y construyan, desde este presente hecho por unos pocos, el
futuro de todas y todos.
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