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lunes, 23 de octubre de 2017

Sindicatos de Brasil critican ante CIDH reforma laboral de Temer por ser una "regresión"

Reunión de la CIDH (archivo)Sputnik
MONTEVIDEO (Sputnik) — Tres centrales sindicales de Brasil criticaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la reforma laboral que empezará a regir en ese país en noviembre, advirtiendo que supone una regresión para los derechos de los trabajadores.
La aprobación de la reforma laboral, que entrará en vigor el 11 de noviembre, supone la retirada de derechos ya consagrados en la Constitución y propuestas como la jornada de 12 horas con posibilidad de 30 minutos de descanso "son una regresión", señalaron representantes de la Central Única de Trabajadores (CUT), la Nueva Central Sindical y la Unión General de Trabajadores (UGT) en la 165 audiencia de la CIDH realizada en el Poder Legislativo en Uruguay.
También las normas marcadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo esclavo "están siendo violadas", añadieron los sindicatos durante su exposición en la audiencia.
El acceso a la justicia, añadieron, también está siendo violado, y es un derecho que está en la Constitución, recordaron los denunciantes, al tiempo que pidieron a esta comisión que haga justicia contra la reforma laboral del Gobierno de Temer.
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La nueva legislación laboral pone por delante los acuerdos a los que lleguen empresas y trabajadores sobre lo que marca la ley y pretende flexibilizar aspectos como la división de las vacaciones, la reducción de jornada, la participación en beneficios y resultados, el banco de horas extra y el descanso para el almuerzo.

El Gobierno de Temer considera esta reforma como uno de los pilares de su política económica y un aspecto clave para estimular la creación de empleo, mientras que la oposición critica que se haya aprobado rápidamente y sin apenas diálogo con la sociedad civil, con derechos de los trabajadores conquistados durante décadas.
En la 165 sesión de la CIDH, los representantes del Estado brasileño señalaron que el proyecto de ley se creó para generar crecimiento económico y empleo y que se fundamentó en consolidar derechos.
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También indicaron que el contrato de trabajo que propone la ley ya existe en países como Estados Unidos, Portugal, Italia y Francia.

FARC y ELN se comprometen con paz en Colombia, pero piden frenar el paramilitarismo

Un combatiente de ELN, Colombia (archivo)Sputnik
QUITO (Sputnik) — El insurgente ELN y una delegación del partido político de izquierda FARC, surgido de la extinta guerrilla de las FARC, expresaron desde Ecuador su voluntad de continuar y mantener el proceso de paz en Colombia, pero pidieron al Gobierno de Juan Manuel Santos trabajar para eliminar el paramilitarismo y la corrupción.
"Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas", señala un comunicado difundido el 23 de octubre desde la provincia de Manabí (oeste).
Asimismo, manifestaron su interés de realizar una "defensa conjunta" del proceso de paz y de "explorar mecanismos comunes para que se cumpla el acuerdo suscrito" entre el Gobierno y la FARC, además del avance "de la agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el ELN, así como armonizar los dos procesos".
© AP Photo/ Efrain Patino
Por ello pactaron la creación de un mecanismo conjunto "entre las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al Gobierno, al país y a la comunidad internacional".
Asimismo, aprovecharon el encuentro para rechazar "la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de 30 excombatientes de la FARC", hechos "que en su mayoría permanecen en la impunidad a tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexidad en los mismos".
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De allí que hicieron un llamado a las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democráticos y alternativos a la organización, "a la denuncia, la resistencia, la movilización, defensa de la vida, del territorio, las garantías y los derechos humanos de los colombianos".
En esa línea, reiteraron que el paramilitarismo "es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia", por lo que es necesario "tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo".
Las organizaciones consideran además que la solución "al complejo problema de los cultivos de uso ilícito" no puede seguir siendo "un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los Estados Unidos".
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Por ello creen que es necesario "actuar con sensatez" y que el Estado "cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades" a través de la implementación de planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como "la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia".
© REUTERS/ Jaime Saldarriaga
Asimismo, mostraron su preocupación "por la corrupción desbordada que ha invadido la estructura social del país", lo que podría poner en peligro "la posibilidad de la paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos".
"Por el bien de Colombia, afirmamos desde la Ciudad Alfaro Montecristi, Ecuador, que ninguna dificultad —por grande que sea-, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia", agrega el texto.
Las delegaciones iniciaron el 23 de octubre en Ecuador un ciclo de conversaciones que tenía como fin que ambos grupos compartan sus experiencias en el proceso de los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.
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El 20 de octubre, el Gobierno de Colombia autorizó a una delegación de la FARC para que se reúna con los negociadores de paz del ELN, que desde febrero mantienen negociaciones de paz con Colombia.

La privatización de la Amazonia brasileña

AmazonasSputnik
Con la llegada de Michel Temer al Gobierno la privatización y la extranjerización de la Amazonia crecen de forma exponencial. Desde las más diversas posturas ideológicas, se consolida la convicción de que el control del pulmón del planeta está siendo perdido por el Estado brasileño.
El primer punto a considerar es la hegemonía de la bancada ruralista en el Parlamento y en el Gobierno. Se trata de las viejas oligarquías que protagonizaron la historia de Brasil, aliadas ahora con una nueva camada de ocupantes ilegales de tierras que los sucesivos Gobiernos han legalizado. Pero en estos momentos los ruralistas están promoviendo leyes que prevén incluso la extinción de las Unidades de Conservación si no hay indemnización a los 'propietarios' que las ocupan de modo legal o ilegal.
De aprobarse el proyecto de ley presentado por los ruralistas, sería un enorme paso atrás en la conservación de la Amazonia y en el combate a la deforestación.
Datos oficiales muestran
que el 21% de la selva amazónica ya fue devastada pero que dentro de las Unidades de Conservación se mantiene prácticamente intacta.
Por otro lado, la nueva legislación vulnerará los compromisos adquiridos por Brasil en la Conferencia del Clima para contener la deforestación, proceso que debería estar detenido en 2030 y reducido a sólo 3.900 kilómetros cuadrados anuales en 2020.
La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado 'Dueño es el que deforesta', sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.

Luego venden la tierra a los ganaderos y los sojeros, legalizándola de forma también irregular, usando a su favor resquicios legales y la corrupción de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la Amazonia.
La ocupación ilegal de tierras va de la mano de la violencia contra campesinos, indígenas y pescadores, según un reciente informe de la periodista Eliane Brum en el diario brasileño El País. Desde que Temer ocupa el Palacio de Planalto, se registra un incremento sustancial de las muertes por conflictos de tierra, a razón de un asesinado cada seis días. Son 47 en lo que va de 2017, como señalan los informes periódicos de la Comisión Pastoral de la Tierra.
La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado 'consorcio de la muerte' está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.
El Gobierno debió dar marcha atrás en su intento por anular la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), un área de 46.000 kilómetros cuadrados creada en 1984 que fue bloqueada a los inversores privados. Su objetivo es abrir la reserva, entre los estados de Pará y Amapá, a la minería aurífera. La oposición de la sociedad fue tan grande, que en apenas un mes Temer debió retirar el decreto.
La tercera cuestión es la más compleja porque tiene un carácter estratégico. Podemos focalizarla en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, con acceso privilegiado a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco que conectan la Amazonia con el Caribe. En Roraima están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil en 2003.
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Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.
El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un 'espacio económico común', en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.
Los militares nacionalistas brasileños tienen perfecta conciencia de esta situación. Afirman que el declive estratégico de Estados Unidos implica retrocesos en todo el mundo menos en el área del Caribe, que es la fuente histórica de su poder. Citando un trabajo de los periodistas Robert D. Kaplan y Karen Hooper, publicado en Stratfor bajo el título 'La fuente del poder estadounidense',
recuerdan
que el Gran Caribe del imperio abarca desde Yorktown (Virginia) hasta las Guyanas, o sea hasta la selva amazónica.
En esa región, aseguran los nacionalistas, se está produciendo una "ocupación internacional silenciosa" de la mano de ONG ambientalistas que han promovido la instalación de reservas indígenas y forestales que "obstaculizan cualquier actividad económica moderna". Sostienen que a través de organismos internacionales, Washington sigue aspirando a controlar la Amazonia, acotando la soberanía de Brasil sobre la región con la excusa del conservacionismo ambiental.
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Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

El posible retorno de ARENA y el fantasma de la minería

El respaldo de un magnate internacional de la minería a la Fundación Calleja se podría volver en amenaza para una derogación de la prohibición minera en El Salvador
El posible retorno de ARENA a la presidencia en 2019 ha puesto una alerta a la comunidad ambientalista local por el “fantasma” de la minería que ronda en El Salvador, nación que presuntamente es una “mina de oro” sin explotar… Nos preocupa, tenemos la sospecha y ya lo hicieron en otros países y aquí por qué no…, son las ideas que rondan en la comunidad antiminera salvadoreña.
Y no es para menos. El magnate de la minería, el canadiense Frank Giustra, visitó El Salvador el 9 de noviembre de 2015 junto al también multimillonario empresario Carlos Slim y al expresidente estadounidense Bill Clinton, para el lanzamiento del programa “Cultivando oportunidades” que ellos financian, y que Grupo Calleja impulsa como parte de su programa de responsabilidad social. Dicho programa habría servido para poner en el mapa político y mediático a Carlos Calleja, quien actualmente es uno de los precandidatos para 2019 del partido ARENA.
Ese acercamiento del magnate minero a Calleja enciende “las alarmas” en las organizaciones ambientalistas salvadoreñas.
Giustra ha estado vinculado a la empresa minera Pacific Rim, hoy Oceana Gold, que demandó al Estado salvadoreño por más de $300 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias del Banco Mundial (CIADI) debido a la prohibición de extracción minera en El Dorado, Cabañas. La demanda fue ganada por El Salvador en octubre de 2016.
El respaldo del empresario minero, ha generado expectativa en organizaciones sociales y ambientalistas, pues temen que aquel encuentro sea otro acercamiento de Giustra para influir en los tomadores de decisiones con el presunto objetivo de gestionar y obtener permisos para la explotación minera del oro de El Salvador, eliminando los obstáculos que se lo impiden actualmente como la reciente Ley antiminería aprobada el 29 de marzo de este año.
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 “Cuando vino Giustra y que anduvo con Calleja, lo más seguro es que era una estrategia para garantizar que en este país se desarrolle la explotación minera metálica. No dudamos que las empresas mineras siguen cabildeando con funcionarios públicos salvadoreños, y particularmente con diputados de derecha, así como con la empresa privada”, dijo a ContraPunto, Bernardo Belloso, miembro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. 
Belloso considera que se trata de procedimientos de lobby que las mineras internacionales realizan con funcionarios salvadoreños, para acceder a la explotación de al menos 29 áreas de la zona norte de El Salvador donde habría abundante oro. Aunque estudios académicos indican que el valor estaría por debajo del costo ecológico y daños a los mismos lugareños de los alrededores de los yacimientos. 
Calleja anunció el pasado 3 de julio que buscará la Presidencia de la República bajo la bandera del partido ARENA. Posterior a su anuncio, ha recorrido el país buscando acrecentar su capital político de cara a las elecciones presidenciales de 2019 en las que ARENA buscará recuperar el Ejecutivo salvadoreño en manos actualmente del FMLN.
Junto a Calleja, otras dos destacadas figuras del mundo empresarial optan por ser candidatos a la presidencia por ARENA: Javier Simán, que procede del sector industrial y Gustavo López, del sector farmacéutico. 
 “El temor grande que tenemos como organizaciones sociales es que estando la derecha el poder legislativo con mayoría, y en la Presidencia de la República, lo más seguro es que se atrevan a derogar la ley contra la minería. Ese es uno de los peligros inminentes que tenemos en el futuro”, agrega Belloso.
El respaldo de Clinton y los otros multimillonarios empresarios a Calleja, es parte, según medios internacionales como el New York Times y el Wall Street Journal, de una estrategia económica de la Fundación Bill Clinton y Guistra, con el fin de obtener una red política y financiera que le permita a Guistra establecer negocios de explotación minera en los países a cambio de programas de beneficios sociales, y a Clinton acumular aliados políticos. 

De hecho, los referidos medios internacionales recogen que Clinton realizó en 2010 un lobby con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos (actual presidente de Colombia) para generar los espacios de un programa social denominado “Fondo Acceso” para entregar insumos y créditos de bajos interés a agricultores.  La alianza, habría permitido a Giustra hacerse con la explotación de importantes campos petroleros de Colombia.
“Cultivando oportunidades” en El Salvador es un modelo parecido al ejecutado en Colombia, en el que la empresa fundada por la Fundación Clinton llamada “Acceso Oferta Local” (AOL) sirve de intermediario entre Grupo Calleja y agricultores locales para comprarles sus productos y darles beneficios crediticios.
Si bien la Ley antiminería se aprobó en marzo pasado con 70 votos incluidos los de ARENA, por ser una ley secundaria, se requiere únicamente mayoría simple de 43 votos para derogarla, lo que la vuelve vulnerable legislativamente hablando si ARENA obtiene mayoría de diputados en las elecciones de 2018, pues a juicio del abogado ambientalista, Luis González, es la derecha la que acuerpa los intereses económicos de las transnacionales.
“Las empresas mineras internacionales actúan de la misma manera comprando voluntades, pagando campañas políticas, fiestas patronales, es decir, buscan a los tomadores de decisión para poder realizar su actividad comercial”, expresa González, quien también es miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
González sostiene que mientras haya oro en el país, la amenaza de la minería siempre prevalecerá, aunque es optimista en el sentido que ha sido la población que antes de la ley antiminera, defendía sus territorios de esa amenaza. Tanto González como Belloso, concuerdan en que debe ser la población la que vigile a quiénes dará su voto y recomiendan no dejarse sorprender con “falsos discursos ambientalistas”. 
“No dudamos que el Grupo Calleja a través de su máxima representación como es Carlos Calleja, que los tratos y convenios que ellos están haciendo con la gran empresa transnacional, están en función de quererse hacer más ricos o de querer explotar al máximo los bienes naturales del país. De la derecha todo podemos esperar”, señala Belloso.

El Salvador es uno de los países más vulnerables ambientalmente hablando, por lo que ambos ambientalistas sostienen que de aprobarse nuevamente la explotación minera, el país y su gente sufriría las graves consecuencias como contaminación del agua y enfermedades causadas por el cianuro y otros compuestos utilizados en la minería.

domingo, 22 de octubre de 2017

Más tropas de EEUU en A. Latina: señales de una invasión anunciada

 Un nuevo ejercicio militar en la amazonia da luz sobre el resurgimiento de la presencia estadounidense en Latinoamérica.
El ejército estadounidense acentuará su presencia militar en la Amazonia latinoamericana. Bajo la iniciativa Amazon Log 2017 del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil, la Operación ‘América Unida’ juntará a los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia del 6 al 13 de noviembre del 2017 en la ciudad tri-fronteriza de Tabatinga. Este ejercicio  es una señal de un sustancial incremento de militarización extranjera en la región.
La iniciativa es liderada por el Comando de Logística del Ejército Brasileño y está inspirada en el ejercicio logístico militar realizado por la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) en Hungría en 2015, que tuvo un despliegue de aproximadamente 1700 militares. Para esta versión latinoamericana, los objetivos, según la página oficial del Ejército Brasileño, son crear una base logística multinacional temporal para realizar operaciones de control de migración ilegal, asistencia humanitaria, operaciones de paz, acciones contra narcotráfico y cuidados ambientales.
Sin embargo, como lo señaló el diario brasileño Gauchazh, enseñar a un ejército extranjero a combatir en territorio nacional debería ser considerado “alta traición”. Aunque para el Ministerio de Defensa brasileño esto no es traición sino una oportunidad que permitirá unir a los ejércitos de ambos países.
El problema de este ejercicio es la magnitud y apertura que se ha dado a los Estados Unidos en ingresar a la selva latinoamericana. Por lo que uno de los riesgos es que la base ‘temporal’ se convierta en permanente como sucedió en Hungría, tras los ejercicios de la OTAN. Aunque las autoridades brasileñas lo niegan.
Este interés de los Estados Unidos en la región debe ser medido con la historia del imperio del norte. El altruismo, cuidado a la naturaleza o lucha contra el narcotráfico estandartes para su presencia en la región hacen eco a inserciones en otras partes del mundo, especialmente Medio Oriente, y la realidad es que ahí estos no son ni fueron sus objetivos. Detrás de toda acción militar norteamericana siempre se encuentra el fin de apoderarse de recursos para lograr sus intereses nacionales.
En el caso de América Latina, la abundancia de recursos naturales da razón a la presencia norteamericana. Según el Banco Mundial, la región cumple un rol global en la problemática del cambio climático ya que posee “las reservas de agua dulce más grandes del mundo”.
Una noticia ‘agridulce’ para los latinoamericanos ya que para varios analistas, inclusive el ex candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, “las guerras del futuro serán por el agua”. Entre los diez países con mayores reservas se encuentran Brasil (1ro), Colombia (6to) y Perú (8vo), coincidentemente los tres involucrados en la Operación ‘América Unida’.
En la Oficina de Evaluación Neta (Office of Net Assesment) del Departamento de Defensa cuyo objetivo es analizar el futuro del ejército y sus amenazas. Andrew Marshall, ex director (1973-20015) comisionó en 2004 un reporte confidencial a Peter Schwartz, consejero de la CIA y ex Director de Planificación del grupo Royal Dutch/Shell; y Doug Randall, del Global Business Network.
En las conclusiones finales, los autores argumentan que el cambio climático y la escasez de agua son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y razones para futuras conflictos militares. Trece años más tarde de dicho reporte, Estados Unidos se prepara para asentar una base más en orilla del Amazonas.
Pero el agua no es el único interés de este país en la región. Telma Luzzani, periodista argentina, explica en su libro ‘Territorios Vigilados’, que “en el Amazonas se encuentra el 95% de las reservas de niobio, fundamental para el acero de las naves espaciales y de los misiles intercontinentales, y el 96% de las reservas de titanio y tungsteno, utilizados en la industria aeronáutica espacial y militar, además de ser rica en petróleo, gas, uranio, oro y diamantes”.
Es por esto que el próximo ejercicio militar es solo una pieza más dentro de un patrón creciente de militarización y amenazas regionales. Solo en lo que va del 2017 se han realizado otros dos ejercicios militares en el Pacífico y el Caribe: Teamwork South con Chile y Tradewinds frente a las costas de Venezuela con 18 países y más de 2500 militares.
La libertad de estas acciones militares demuestra un resurgimiento de la presencia estadounidense en la región, la cual se había reducido durante los distintos mandados de gobernantes progresistas neodesarrollistas en la América Latina. Aunque el asentamiento de bases en América Latina y el Caribe ha pasado por diferentes etapas desde la posguerra es a finales del siglo XX que toma su rumbo actual.
En 1999, como parte del acuerdo Torrijos-Carter, la base militar Howard en Panamá que albergaba al Comando del Sur, rama del ejército encargada en operaciones para la región, se desmanteló. Esto llevó al que Departamento de Defensa de Estados Unidos replantee su estrategia de defensa y política exterior. Bajo el estandarte del Plan Colombia, la ‘Guerra contra la Droga’ y operaciones humanitarias, se aplicó dos modelos de bases militares en Latinoamérica.
La primera, Main Operating Base (MOB), una base militar con infraestructura y acuerdos aprobados por los gobiernos: Guantamo en Cuba, Soto Cano en Honduras y varias en Puerto Rico. A pesar de que estas siguen activas, el modelo fue desechado por que genera rechazo  por parte de los habitantes nacionales y un costo elevado en infraestructura y logística.
Es por esto que se aplicó un segundo modelo llamado Foward Operating Locations (FOL) o Bases de Operaciones de Avanzada, que se caracterizan por mantener poco personal militar pero la capacidad de “escalar” su presencia si fuera necesario. Las cuatro reconocidas y oficiales en la región, iniciaron sus actividades en 1999 y son: Aruba, Curazao, El Salvador, y Manta (que no renovó el contrato en 2009).
Como lo explica Robert Kaplan, ex asesor del Pentágono (2009-2011), “a menudo, el papel clave en la gestión de un FOL es desempeñado por un contratista privado. Él alquila las instalaciones en la base del ejército del país anfitrión, y luego cobra una tarifa a los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transitan por la base. Oficialmente es un negocio privado, lo que le gusta al país anfitrión porque puede afirmar que no está realmente trabajando con el ejército estadounidense. Por supuesto, nadie, incluidos los medios locales, cree esto. Pero el mismo hecho de que una relación con las fuerzas armadas de los Estados Unidos sea indirecta en lugar de directa facilita las tensiones”.
Pero el nombre nuevo tampoco convenció a los locales, quienes comenzaron a sospechar y rechazar estas intervenciones en territorio. Por lo que la denominación FOL cambió a Cooperative Security Location (CLS), Puesto de Seguridad Cooperativa. Sin embargo, son lo mismo y en la región las bases siguen aumentando.
En la actualidad y ante la falta de cifras oficiales se conocen 75 bases aproximadamente, algunas son MOBs, FOL/CLS, y otras llevan nombres como Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en el caso peruano. Los países que encabezan la lista Panamá (12), Puerto Rico (12), Colombia (9) y Perú (8).
Bases militares de EE.UU. y la OTAN en Latinoamérica y el Caribe.
A su vez, Colombia suscribió un acuerdo de cooperación en 2016 con la OTAN para el intercambio de información, estrategias y protocolos del ejército colombiano con los miembros de esta organización, entre los que se encuentra los Estados Unidos. Mauricio Macri, presidente argentino, anunció que volverá a permitir la instalación de bases militares permanentes en Argentina, una en la triple frontera con Paraguay y Brasil y otra en Tierra del Fuego en Ushuaia. En Brasil, el gobierno de Temer incrementó un 36% al presupuesto militar, meses después de aprobarse el PEC 55 que congeló el presupuesto de salud y educación pública durante 20 años.
Estas acciones legitiman la presencia militar extranjera una vez a niveles gubernamentales. Además con estos nuevos enfoques en Defensa, se afianzará las alianzas militares con Estados Unidos, algo que abrirá la puerta para una nueva fase de adoctrinamiento en las fuerzas armadas latinoamericanas, donde Brasil cumple un rol crítico.
Según Héctor Luis Saint Pierre, coordinador de Seguridad Internacional, Defensa y Estrategia de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales, "hay un respeto en Sudamérica por la escuela militar brasileña. Entonces, Brasil es un socio estratégico para la formación doctrinaria de los militares del continente. Si Estados Unidos tiene buena relación con la armada brasileña, es más fácil difundir su mensaje entre los militares de la región”.
Un escalofriante recuerdo que remonta al funcionamiento de la Escuela de las Américas, institución de adoctrinamiento militar e ideológico de los Estados Unidos, encargada de formar a escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y 90. Volver a modelos de defensa de corte colonial solo representa un retroceso y peligro para el proceso de integración regional y la paz.
Inclusive iniciativas como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado por UNASUR en 2008 para encargarse en implementar políticas en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología de la defensa; será observador oficial de la Operación América Unida. “De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana”, comenta Raúl Zibechi, periodista uruguayo.
Con la presencia estadounidense socavando las soberanías nacionales, apoyados por el retorno de líderes de ‘derecha’ y la deslegitimación sistémica de los proyectos progresistas de la región,  la idea de Latinoamérica unida sin imposiciones imperialistas se convierte nuevamente en un sueño. De forma alarmante la región se sigue llenando de bases estratégicas de los Estados Unidos para controlar recursos, personas y operaciones militares, y entonces ¿si eso no es colonialismo qué es?
Por: Martín Pastor

Nochixtlán: 16 meses después


Image result for NochixtlánEduardo Ibarra Aguirre

El operativo de Nochixtlán, Oaxaca, realizado el 19 de junio de 2016 durante 12 horas, por la Policía Federal y su cuerpo de la Gendarmería, así como la Agencia Estatal de Investigaciones y otros, “podría considerarse  ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole”. Lo anterior, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su recomendación 7VG/2017.
Si el operativo realizado en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca de Viguera para desbloquear carreteras obstruidas por integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el que participaron un millar de agentes del orden, es considerado ejemplo de lo que no deben hacer los cuerpos policiacos, el tamaño de los excesos de la acción represiva y hasta criminal resulta evidente cuando Luis Raúl González Pérez estima que “fue mal diseñado, planeado, coordinado y ejecutado, sin que se observaran plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas”.
Los lamentables saldos casi no dejan lugar para la duda, por más que los famosos de la conducción radiofónica y televisiva, tipo Ciro Gómez Leyva, se apresuran a descalificar los juicios de la CNDH sólo para maquillar la imagen de la PF: siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones (45 por arma de fuego), así como 106 policías (cuatro con heridas por disparos); 46 pobladores fueron afectados patrimonialmente y violentados sin participar en los bloqueos, incluidos menores de edad y adultos mayores.
Y ello obedeció, a tono con la recomendación basada en la investigación que realizó la segunda Visitaduría de la CNDH, a cargo de Enrique Guadarrama López,  a que existió una mala coordinación entre las corporaciones que participaron en el operativo y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones; faltó un análisis de inteligencia que considerara el día que se iba a realizar el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores y las afectaciones a terceros ajenos a los hechos.
Como lo estableció la CNDH en último término y es preciso colocarlo en primero, “Los hechos que generaron lo sucedido el 19 de junio de 2016 son expresión del distanciamiento entre autoridades y sociedad, de la falta de canales efectivos e interlocución y de la radicalización de posturas que buscan la consecución de intereses individuales o de grupo”. En efecto, los hechos deben servir como una oportunidad para que, tanto autoridades como sociedad, “reafirmemos nuestra apuesta por la vía del diálogo y el entendimiento como forma básica de resolver conflictos y plantear diferencias, dejando de lado el que el uso de la violencia sea la forma básica en que se pretenda aplicar la ley o plantear un diferendo”. Y la indispensable apuesta por “buscar esquemas de recomposición del tejido social y por fortalecer un entorno de paz y legalidad tanto en Oaxaca como en las demás partes del país” (18-X-17).
La Procuraduría General de la República –la que perdió tres sedes principales en la capital y que eran rentadas en un supuesto negocio público y privado– atrajo las investigaciones del caso, pero no ha subsanado las omisiones en la indagatoria y otras irregularidades de la autoridad ministerial de Oaxaca, señaladas por la CNDH que solicita finque responsabilidades a todos los implicados, como Enrique Galindo excomisionado nacional de la PF.
Acuse de recibo
“Muy buen artículo estimado Eduardo. Entre otras interpretaciones, éste es un movimiento que obedece a un ajuste de cuentas derivado de los malos resultados electorales entregados por el exgobernador del estado de México. Desde esta perspectiva, es inaudito que algún ‘comentócrata’, ¿a sueldo?, deduzca que de esta posición Eruviel saltará (a fines de 2017) a la presidencia nacional del PRI, y con ello, asumir la coordinación de la campaña presidencial del tricolor”; la opinión es del consultor Jesús José Bautista Pérez sobre Nuevo “líder” del PRI capitalino (20-X)… Para Heriberto Lugo “Eruviel demostró en Edomex que sí se le puede ganar a AMLO (Andrés Manuel López Obrador), el candidato ‘de facto’, Delfina (Gómez Álvarez) una mera actriz de reparto. ¿Le podrá ganar también Ciudad de México, quizás de la mano de Ricardo Monreal? Nadie corra apuestas aún”. Y una corrección de Raúl Fraga Juárez, del veinteañero Grupo María Cristina: “La excandidata de Morena a la gubernatura de Edomex se llama Delfina (no Josefina) Gómez Álvarez”… Para leer: Trump: Amenaza discursiva y contrapesos (Miguel Ángel Ferrer); “Me siento totalmente traicionado”: Correa (Rodrigo Pardo); Los partidos en Venezuela y el de Leopoldo López (Javier Domínguez); Las “buenas” y las “malas” bombas Molotov (Atilio A. Boron); Sacco y Vanzetti ante la silla eléctrica (Enric Llopis). Dos enlaces:

155 Bis: Confirmar al gobierno catalán, repudiar a los enemigos de la independencia y defenderse de agresiones

Image result for independencia catalanaPedro Echeverría V.
1. Estas batallas del pueblo catalán me recuerdan la lucha de independencia de México del imperio español de 1810-21. En nuestra tierra, que vivió como colonia española 300 años, no fue nada fácil porque el pueblo luchaba con piedras y palos con mucha valentía y dignidad,  contra un imperio “armado hasta los dientes” dispuesto a asesinar y masacrar a los luchadores valientes independistas encabezados por Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero. Nuestra nación no estaba sola porque otros países luchaban contra la explotación y la opresión del imperio. Lo importante fue que todos los pueblos americanos  lograron vencer al opresor  para luego decidir su vida.
2. España recibió entonces el apoyo de todos los países imperiales que explotaban y saqueaban naciones, por ello todos repudiaban los movimientos de independencia. Hoy lo más vergonzoso es que el gobierno de México y otros países con gobiernos de derecha, también se oponen a la lucha autonómica para apoyar a la España del monarca franquista  y del gobierno ultraderechista del pepino  Rajoy. Aplaudiría con gigantesco gusto que los otros pueblos como los vascos y gallegos, aprovechen esta coyuntura independista para lanzarse a la lucha social. Recuerdo que en 1871 Carlos Marx emocionado por la Comuna de París, apoyó con todo a los luchadores franceses.
3.  Hay que aprender a “rascarse con las propias manos”. Si algunos bancos e industrias deciden salirse de Barcelona por miedo a los autonomistas; está bien, pero no podrán volver porque con ello demuestran que lo único que les interesa son los negocios y las ganancias. Esta independencia puede cambiar radicalmente el pensamiento y la actitud de la gente, sobre todo en Catalunya que ha sido históricamente una región que ha buscado siempre su autonomía. A mí me ha parecido extremadamente ofensiva e insultante las amenazas de la monarquía española, sobre todo del reyecito Felipe que no deja de rezar por la resucitación del general asesino Franco.
4. Para mí en este momento sólo hay cuatro pensamientos que deben convertirse en ley: a) Los catalanes deben prohibir ofensas a su pueblo y sus luchas; b) Deben reconfirmar con movilizaciones al gobierno de Puigdemon; c) Deben combatir o explicar (no expulsar)a todos los enemigos de la independencia y, d) Deben prepararse para rechazar y derrotar cualquier invasión violenta. Las batallas de los catalanes son un ejemplo en el mundo, pero más para España donde los  gobiernos derechistas de la monarquía, el PP y el PSOE han demostrado de manera evidente que la población española les importa un bledo.  (21/X/17)

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Resolviendo la crisis o conspirando contra Venezuela?

Resolviendo la crisis o conspirando contra Venezuela?
Sergio Gonzalez / Alternativa Latinoamericana
"Canadá ha asumido un papel de liderazgo en el tratamiento de la crisis en Venezuela, en cooperación con otros países de la región. Junto con nuestros socios de ideas afines, continuaremos aumentando la presión sobre el régimen de Maduro. Nuestro objetivo es claro: una solución pacífica a la crisis y la restauración de la democracia y los derechos humanos para todos los venezolanos ".  Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá

El próximo 26 de Octubre Canadá será sede de otra reunión del llamado “Grupo de Lima” formado por gobiernos con un gran historial de violaciones a los derechos humanos, terrorismo de estado, desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos tanto selectivos como en masas, entre estos países se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia. Estos países antes señalados son los que están preocupados por los derechos humanos y la democracia en Venezuela y su misión es restaurar la democracia en el país Bolivariano.

Además de esta reunión se ha organizado un evento en la Escuela Munk de Asuntos Globales (Munk school of global affairs) de la universidad de Toronto. El evento titulado “resolviendo la crisis de Venezuela”.

Recientemente el gobierno de la república Bolivariana de Venezuela llamó a consultas a su embajador en Canadá Wilmer Barrientos tras la sistemática injerencia del gobierno de Justin Trudeau en los asuntos de Venezuela

Poco después de su victoria electoral en 2015, Justin Trudeau declaró: "Hemos vuelto". Fue un mensaje para tranquilizar y reivindicar a aquellos que "temían que Canadá (haya) perdido su voz compasiva y constructiva en el mundo". Pero de vuelta ¿a qué?

Entre otras cosas, entusiasmo por las Naciones Unidas y sus operaciones de mantenimiento de la paz y la democracia en el mundo. La verdad que esa figura de Canadá compasivo nunca existió más que en la prensa corporativa canadiense, de hecho Canadá siempre ha participado en agresiones militares o golpes de estado y en la historia más reciente, Corea, Serbia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, Haití.

Nunca está demás decir cuales han sido los resultados de esas misiones “humanitarias” para restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en países que no cumplen con esas normas.

Dos agentes de la policía provincial de Quebec se jubilaron recientemente antes de que pudieran ser sometidos a audiencias disciplinarias internas sobre presunta conducta sexual inapropiada durante una misión de mantenimiento de la paz en Haití. Estos no son los únicos casos que involucran acusaciones contra canadienses, y son parte de un contexto más amplio de impunidad que contamina las operaciones de paz de la ONU en varios países, donde las fuerzas de paz han sido acusadas de perpetrar abusos ellos mismos, o ignorar horribles crímenes bajo sus narices.

darkthreats_web.jpgDurante la misión de mantenimiento de paz de 1993 en Belet Huen, Somalia, soldados canadienses capturaron a los empobrecidos somalíes que supuestamente robaron alimentos y suministros del campamento militar canadiense. Los cautivos fueron golpeados, torturados y humillados públicamente. La mayoría de las víctimas eran niños, muchos de los cuales estaban atados unos a otros alrededor de publicaciones en la calle, con los ojos vendados y dejados al lado de letreros que decían 'ladrón' para que todos los transeúntes pudieran verlos. El 4 de marzo del mismo año, dos somalíes recibieron disparos en la espalda por parte de soldados canadienses, uno fatalmente. En lo que se conoció como el "Somalia Affair", Shidane Arone, de 16 años, fue torturado en el transcurso de una noche entera antes de ser asesinado por soldados canadienses apenas dos semanas después del tiroteo. Seis somalíes fueron asesinados en total. Posteriormente se descubrieron una serie de impactantes "fotos de trofeos" de los detenidos, que a menudo mostraban a niños detenidos siendo degradados por miembros del Regimiento Aerotransportado de Canadá.

De vuelta a que?

"Estamos de vuelta" en una clara alusion a su predecesor el conservador Stephen Harper, quien llevo la imagen de Canada a sus niveles mas bajos de su historia.  De vuelta a que? La respuesta es simple “estamos de vuelta” para seguir atacando y conspirando contra otros países.  No hay ninguna diferencia entre el liberal Justin Trudeau  y Stephen Harper.

Lo más interesante es que el evento organizado por la Escuela Munk de Asuntos Globales (Munk school of global affairs) de la Universidad de Toronto, está organizado y patrocinado tanto por el gobierno canadiense como instituciones empresariales y financieras con un largo récord en violaciones a los derechos humanos.

Entre los conferencistas se encuentra la propia ministra de relaciones exteriores Chrystia Freeland, anticomunista y nieta de Mykhailo Khomiak un ucraniano, quien fue el editor en jefe de un periódico pro nazi en idioma ucraniano llamado Krakivs'ki visti.

images.pngKenneth Franke presidente del consejo canadiense para las américas ( Canadian Council for the Americas) El CCA es el principal vínculo del sector privado entre Canadá, América Latina y el Caribe. Algunos de sus miembros BARRICK GOLD, GOLDCORP, SCOTIABANK



También participará la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, aquí bien cabe el dicho “dime con quién andas y te diré quien eres”.  Un ejemplo más de cómo la CIA  ha infiltrado, partidos políticos, sindicatos, ONG’s.


Global affairs Canada, es la versión canadiense de la NED, USAID, que usan sus misiones “humanitarias” para intervenir en otros países

La escuela Munk patrocinadora y organizadora del evento fue fundada gracias a la “generosidad” de Peter y Melanie Munk son dos de los mejores filántropos de Canadá. Su generosidad con la Universidad de Toronto excede los $ 51 millones, incluyendo una donación histórica en 2010 de $ 35 millones, el “regalo” individual más grande de un individuo en la historia de la universidad en ese momento, para crear la Escuela Munk de Asuntos Globales.

Peter Munk es el fundador y presidente emérito de Barrick Gold Corporation, el mayor productor de oro del mundo. Nació en Hungría y se graduó de la Universidad de Toronto en 1952. Hay que recordar que la generosidad de Barrick Gold, viene teñida de sangre de cientos de asesinatos, despojo, contaminación, destrucción en América Latina y el mundo.

Son estos los que buscan una solución a la crisis de Venezuela?