Quizás
existiera algún conjuro que nos protegiera del “mal de ojo”, de ese ojo
que persigue, acusa, condena y encarcela presumiendo que los “naides”
no son inocentes. Eso anhelé cuando me enteré, que en el curso de pocas
horas fueron detenidos en Bogotá, de manera prácticamente simultánea 15
activistas sociales hace pocos días. Lo primero que saltó a mi mente
fue la de estar presenciando una “cacería de brujas”. Esta asociación
por extensión, me remitió a esa tenebrosa época conocida como la
inquisición en la que se desató una brutal persecución contra herejes
-brujas, magos, hechiceros y curanderos-, acusándolos de practicar
acciones ajenas a la iglesia y la religión. Nuestro territorio no se
eximió de aquel infausto acontecer, por lo que sé, en Cartagena de
Indias se implantó el Tribunal de Penas -1610-, uno de los aparatos
político-religiosos más atroces para juzgar y sentenciar a quienes el
mal de ojo acusador así lo considerara. Ese sino inquisidor, me dije,
no es cosa del pasado, se revela vivo y actuante, contra quienes no
cohonestan con las injusticias, la inequidad, la discriminación y otros
horrores. No es más que apreciar el símil:
Si en aquella
época se desató una persecución contra quienes fueren vistos como
herejes, hoy presenciamos cómo se ha desatado sobre estos activistas
sociales, que son trabajadores, estudiantes y periodistas alternativos.
Y esas instituciones que crearon para la supresión de “la herejía”,
ahora con formas entrelazadas del aparato de justicia, se llaman la
SIJIN, Policía, Fiscalía y Ejército, que apuntan al mismo objetivo:
llevarlos a la palestra jurídica. Así como en aquella época la simple
acusación de alguien era suficiente prueba de su culpabilidad, aquí y
ahora, sin prueba alguna son acusad@s de haber organizado varios
atentados como las detonaciones recientes en Bogotá en los edificios de
“Porvenir”. Como en aquella época en que se vinculaba a los llamados
herejes con la con la figura del diablo, en esta Colombia, se vincula a
todo opositor, critico, activista social, defensor de DH, y a
partícipes de huelgas, paros o movilizaciones, de pertenecer a la
insurgencia, a la que a su vez, la hacen ver como el mismísimo demonio.
El
presidente Santos, encarnando el alma del inquisidor se pronuncia
diciendo que estas personas “pagarán por estos atentados” y que
“continuaremos operativos para dar con todos los responsables de
sembrar terror en capital” (1), y sin más ni más, les señala de ser
miembros del ELN. Los medios de comunicación del poder convertidos en
instrumento de desfiguración de la realidad, replican “la palabra
divina” del establecimiento, a su vez los estigmatizan, al igual que a
todos y quienes se han asumido en dignidad contra la barbarie desatada
sobre el pueblo.
Las cárceles en Colombia, no son otra
cosa que la cruel hoguera inquisidora, en ellas se encuentran -9.500-
presos políticos, hombres y mujeres del pueblo en condiciones de total
infamia, son sometidos a tratos ignominiosos y despiadados en su
cotidiano vivir, tortura y más padecimientos. Están expuestos a morir o
a ser asesinados para regar la hoguera con su sangre y amedrantar las
conciencias que se han alejado del “camino de la salvación”.
-Abominables cárceles comparables con la de Guantánamo que tienen los
gringos en Cuba-. El 90% de estos hombres y mujeres del pueblo son
sindicalistas, estudiantes, campesinos, defensores de DDHH etc. y el
10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones
insurgentes” (2). Los montajes judiciales (3), que incluyen en muchos
casos falsos testigos son de uso y abuso de las instituciones que
supuestamente imparten justicia en Colombia. El principio de
presunción de inocencia se trasmuta en su contrario y se saltan las
garantías de un debido proceso, como lo vemos en el
caso de los 15 activistas sociales detenidos (4) sin que se les
hubiera realizado legalmente la captura, sin imputación de cargos y sin
pruebas que les vinculen con los hechos.
No es difícil
pensar, que la impronta inquisidora quedó con el fuego de la hoguera en
nuestro país Colombia. Es, a mi parecer, un elemento más del entramado
que se impone desde el poder, para doblegar, acallar y destruir a
quienes no asuman o acojan los supuestos mandamientos de este injusto
orden establecido. Un orden que va tejiendo miseria y dolor para “los
de abajo”, al tiempo que mantiene y acrecienta los desorbitantes
privilegios de “los de arriba”.
Este hecho se
produce en un contexto en el que la guerrilla y el gobierno de Santos
buscan acuerdos para una solución negociada al conflicto armado, o de
otra forma, una salida negociada para que tal confrontación se dirima
en un escenario democrático. Lo anterior presume que el Estado abrirá
espacios de participación para que la insurgencia pueda actuar
políticamente sin armas. Simultáneamente vemos que el movimiento social
no tiene garantías para el ejercicio de su actividad social y política.
Para uno y otro caso –insurgencia y movimiento social- de continuar
cerradas las compuertas del legítimo derecho a construir entre tod@s el
país que queremos, la democracia que se postula posible para abrir
camino a la paz, será una falacia.
Estamos en un país en
donde los sucesivos gobiernos, reducen la participación a un voto
amarrado y manipulado y dicen que eso es democracia, y estamos en una
Colombia envilecida y fúnebre por la desigualdad más atroz, el saqueo y
destrucción de los recursos naturales, el cruel despojo de tierras a
campesinos e indígenas, la concentración de la tierra en pocas manos,
la explotación a la clase trabajadora, la entrega del país a las
transnacionales, la bárbara represión a las legítimas luchas del pueblo
y otros viles oficios con que la clase en el poder ha cubierto de
sangre y horrores a nuestro territorio.
Quizás
haya algún conjuro para protegernos del mal inquisidor, pero mientras
lo descubrimos, hemos de exigir garantías para los 15 líderes sociales,
su libertad inmediata, el restablecimiento de todos sus derechos. Hemos
de alzar con fuerza las banderas que permitan la libertad de nuestros
hermanos y hermanas en prisión, las y los presos políticos. Hemos de
continuar construyendo la palabra que vitalice la búsqueda de otro
devenir. Hemos de cimentar un camino en el que todo oprobio e
injusticia desaparezca de esta Colombia herida. Será, como dice la
canción, “Una raíz de un grito destinado a crecer y estallar, todas las
manos todas, todas las voces todas…”
Notas
- Varios escritos valiosos han dado cuenta de la situación de los presos políticos en las cárceles como de éstas mismas, para efectos de este artículo remito a Azalea Robles azalearobles.blogspot.com/.../hacinamiento-carcelario-en-colombia.html
- De mencionar: “El país ha conocido el sistemático montaje judicial contra líderes de procesos sociales y población en general. Tales falsos positivos judiciales han arrojado la interposición de 13 mil demandas administrativas por errores judiciales, esto ha comprometido aproximadamente $ 27 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. Así por ejemplo, entre 2009 al 2012, 8.600 personas fueron vinculadas en procesos judiciales por supuestos nexos con la insurgencia, de ellas sólo 2058 personas permanecen privadas de la libertad sin resolverles su situación jurídica, lo cual da como resultado que más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes”.
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