Expectativas con reinicio de debate por genocidio en Guatemala

Guatemala, 23 jul (PL) Las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996), la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional están expectantes al reinicio hoy del juicio por genocidio cometido contra el pueblo ixil, según sentencia de mayo de 2013. Comisión de Juristas respalda trabajo de Cicig en Guatemala Instan a Justicia guatemalteca a ser imparcial en caso de genocidio "El proceso fue suspendido por más de dos años por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que aducía errores de procedimiento en el primer juicio en el que fue condenado el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión", recuerda un comunicado conjunto. El referido fallo de la CC no fue unánime sino promovido por tres de los cinco magistrados que la integraban, mientras que numerosos juristas dentro y fuera de Guatemala cuestionaron su objetividad y legalidad, señala el texto. La nota está firmada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, Plataforma Internacional contra la Impunidad e Impunity Watch. Advirtieron que el proceso penal por genocidio contra la población ixil de Guatemala lleva más de 15 años dentro del sistema de justicia, y transcurrieron más de 30 años desde que ocurrieron los hechos. Este retardo injustificado, consideraron, demuestra que no siempre existió una voluntad real de las autoridades por cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos graves hechos. El genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad son crímenes muy graves, no amnistiables e imprescriptibles, subrayaron. Aunque las víctimas y querellantes adhesivos confiaron en el sistema judicial guatemalteco, enfrentaron múltiples obstáculos durante el proceso penal, como la limitada capacidad del sistema de persecución penal para investigar diligentemente. Los defensores del exgeneral Ríos Montt expresaron públicamente que solicitarán el cierre del caso porque él está incapacitado para enfrentar el segundo juicio, al presentar un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. "Esto es interpretado por las víctimas y sus familiares como otra estrategia de los defensores para evadir la justicia, razón por la cual las autoridades deben analizar objetivamente dicho dictamen y, de ser el caso, solicitar otro", indicaron. En tanto el debate no tenga lugar, sostuvieron, se prolongará la angustia e incertidumbre de las víctimas: algunas ya están fallecidas, o enfermas que viven en extrema pobreza. "El sistema de justicia debe actuar con responsabilidad, celeridad e independencia para juzgar con objetividad e imparcialidad los hechos que causaron tanto daño a la población indígena de Guatemala y que atentaron contra la conciencia de la humanidad". El Estado guatemalteco, remarcaron, está obligado a combatir la impunidad y porlo tanto debería garantizar que el juicio contra Ríos Montt se lleve a cabo de manera transparente y con respeto para los derechos de las víctimas.