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jueves, 28 de agosto de 2014

'Fondos buitre son un plan político para atacar a la Argentina'


El Gobierno argentino ha advertido este miércoles que los fondos buitre no son un plan económico contra el país, sino que también son un acoso político para "atacar a la Argentina y a su moneda".

"El endeudamiento era el instrumento político concreto de la dominación", así lo ha afirmado el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, al presentar en el Senado del país sudamericano la “ley de Pago Soberano Local”.

Asimismo, el titular argentino ha avisado a los parlamentarios de que si no ratifican el proyecto presentado por la mandataria del país, Cristina Fernández, la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa llevará a Argentina a volver a sumirse en una situación similar a la vivida en la crisis de 2001, debido a que pone en peligro el proceso de reestructuración llevado adelante en 2005 y 2010.

"Los que dicen que hay que pagar la sentencia de Griesa son ignorantes o quieren llevarnos a 2001", ha puntualizado el ministro argentino, subrayando que "si el Parlamento no hace nada, lo que hace es ratificar la orden y sentencia de Griesa y con todas las consecuencias que ello trae”.

Por otra parte, ha enfatizado que ésta es una sentencia imposible contra el Gobierno argentino y que Buenos Aires busca una medida para cumplir sus compromisos, tanto con los acreedores que aceptaron las reestructuraciones, como con los que no aceptaron y quieran recibir su pago.

La semana pasada, Fernández envió este referido proyecto, para que fuera aprobado, al Congreso argentino, con el fin de contemplar el cambio del agente de fideicomiso para los bonos reestructurados y la oferta a los fondos buitre de un canje voluntario de papeles bajo legislación nacional.

Con este proyecto de ley, Buenos Aires se ha comprometido a continuar cumpliendo las obligaciones contraídas en los acuerdos de reestructuración de 2005 y 2010.

Hace meses, la justicia estadounidense dictó un fallo que obliga a Buenos Aires a cumplir con un grupo de inversionistas que reclaman una suma millonaria por los títulos de deuda soberana impagados (1330 millones de dólares).

myd/anz

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