Julia Evelyn Martínez (*)
El
indulto por razones humanitarias y/o como medio para reparar actos de
injusticia, es una constante en la historia de la humanidad. En la India
se le considerada un medio de purificación de la conciencia de los
gobernantes que lo concedían. En la cultura hebrea la liberación de
cautivos representaba una medida para la restauración de la dignidad de
las personas durante los años de Jubileo. En los sistemas comunitarios
de justicia de los pueblos originarios de Sur América el perdón público
se utiliza aún para la reconciliación y el mantenimiento de la paz.
El
uso del indulto en sistemas judiciales que se rigen por leyes injustas
y/o por Estados confesionales (o en Estados laicos que actúan como si no
lo fueran) tiene una importancia primordial para prevenir o reparar
injusticias derivadas de la aplicación de estas leyes o de
interpretaciones religiosas de las leyes. Es conocida la historia de
Poncio Pilato, Prefecto de Roma en Judea que, convencido de la
injusticia que estaba por cometerse contra Jesús de Nazaret, propuso sin
éxito, el indulto como una salida política frente a las disposiciones
de la Ley Romana y de la Ley Judía (Torah).
Estas
y otras consideraciones sobre el tema, podrían ser tomadas en cuenta
en el análisis de la solicitud de indulto para 17 mujeres encarceladas
en El Salvador por delitos relacionados con la penalización absoluta del
aborto, que fue presentada ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de
abril por un numeroso grupo de ciudadanos y ciudadanas.
Debido
a que el indulto solicitado para estas mujeres deberá contar con la
mayoría simple de los votos de diputados y diputadas y con el aval de la
Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la República, se
espera un largo y tortuoso camino hasta llegar a un acuerdo definitivo.
Sobre todo, porque quienes deberán tomar su decisión sobre esta
petición, tendrán que hacerlo en medio de fuertes presiones y de
intensos debates a favor o en contra. Esto sin duda pondrá a prueba no
solo la capacidad del Estado de reparar injusticias sino que revelará el
verdadero talante moral de quienes nos gobiernan.
Una
obligación para los funcionarios y funcionarias que tengan
responsabilidad en el análisis y dictamen sobre este indulto, deberá ser
la lectura detallada de los expedientes de estas 17 mujeres
encarceladas. Esto les permitirá tener una opinión informada sobre la
petición, pero sobre todo, les permitirá darse cuenta del vía crucis
por el que deben transitar las mujeres pobres que tienen la suerte de
parir en un país como el nuestro. La revisión de estos expedientes les
mostrará que vivimos en un país en donde no solo no se tutelan los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pobres sino en el cual,
se les criminaliza cuando sufren las secuelas o complicaciones de un
parto no hospitalario (prematuro o a término), que tiene como resultado
la muerte de un neonato.
Las
17 mujeres para las que se solicita el indulto, son mujeres pobres, que
desde esa condición estructural estaban condenadas de antemano a tener
“malos partos”. Es decir, a tener partos en condiciones extremas y de
alto riesgo, en los cuales se pone en peligro la salud (física,
emocional y mental) de las mujeres que dan a luz (de forma prematura o a
término) y sin que estas mujeres tengan la posibilidad de acceder a
cuidados de salud para evitar su muerte y/o la del neonato.
Un
mal parto es el que tuvo Marizta de Jesús (una de las 17 vidas que se
marchita en prisión) que tuvo un parto prematuro extra- hospitalario de
38 semanas, y que fue condenada sin pruebas a 35 años de cárcel por la
muerte de su hijo. Uno de los jueces que no estuvo de acuerdo con esta
sentencia razonó su voto en contra de la siguiente manera: “Con las
pruebas presentadas no hay ningún elemento directo que nos lleve a
establecer que ella ejecuto alguna acción tendiente a producir en el
cuerpo de la víctima heridas y lesiones que se establece en el
reconocimiento médico forense, causaron o produjeron la muerte”. La
autopsia realizada por Medicina Legal tampoco pudo determinar si la
criatura nació con vida o nació muerta, pero de igual manera, se le
condenó a 35 años de prisión, de los cuales lleva apenas 5 años
cumplidos.
Otro
mal parto fue el parto de 36 semanas que experimentó Mirna, (otra de
las 17 encarcelada) mientras usaba la fosa séptica situada en las
afueras de su vivienda y que le provocó un shock emocional debido al
cual no tomó conciencia de que el neonato había caído al fondo de la
fosa. Fue llevada de emergencia a un hospital público por su familia, en
donde la ginecóloga que la atendió extendió una constancia en la que se
afirma que no fue un parto normal sino un parto precipitado.
Afortunadamente el neonato sobrevivió a la caída, lo cual no evitó que
Mirna fuera acusada por la Fiscalía General de la República, debido a la
sospecha del fiscal que su extrema pobreza pudo haber sido un motivo
suficiente para querer quitarle la vida a su hijo. El informe de la
trabajadora social del Instituto de Medicina Legal que se encuentra en
su expediente señala que: “se tiene por acreditado que el hogar en el
que vivía la imputada es estable, con apoyo, respeto y responsabilidad,
que aunque con limitaciones económica su familia la apoya…”. Ni este
informe, ni la declaración de su esposo sobre la ilusión con la que
ambos esperaban el nacimiento de su segundo hijo fueron capaces de
evitar que los jueces que juzgaron su caso la condenaron a 12 años por
homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo a ellos, esta mujer
estaba en la obligación de sobreponerse a la crisis emocional que le
provocó el parto precipitado en la letrina, y cuidar por la vida de su
hijo, antes de que cuidar por la vida propia.
Conocer
a estas mujeres y las circunstancias económicas, sociales y emocionales
en que dieron a luz, conduce a concluir que de ninguna manera son
“madres desnaturalizadas” ni tampoco “madres asesinas”. No son mejores o
peores madres que el resto de mujeres salvadoreñas. Son simplemente
mujeres pobres que no tuvieron la suerte de ser atendidas en sus
embarazos y partos con la calidez y la calidad con la que seguramente
son atendidas en sus partos las diputadas, magistradas, fiscales,
procuradoras o las primeras damas. No tenemos razón para señalarlas ni
condenarlas por sus “malos partos”, pero sí tenemos la obligación moral
de sentir empatía y misericordia con ellas, o al menos de sentir
vergüenza por vivir en una sociedad que trata de forma tan cruel a las
mujeres pobres.
Soy
atea, pero comparto muchos de los preceptos morales sobre los cuales se
fundamenta el cristianismo, en especial, la opción preferencia por los
pobres, la lucha por la justicia social y la obligación de perdonar a
los demás para que podamos ser perdonados. Por eso, en esta Semana
Santa cuando la comunidad cristiana se concentra en procesiones, cultos,
oraciones, alfombras y canticos rogando por el perdón de los pecados
del mundo, no puedo dejar de preguntar: ¿Habrá en estos días un espacio
en la agenda espiritual de los diputados/as, magistrados/as y del
Presidente de la República para la practicar la misericordia y conceder
el indulto a estas 17 mujeres que están cautivas por motivos injustos?
¿O es que terminarán por ceder a las presiones del Sanedrín e imitaran
el ejemplo de Poncio Pilatos de lavarse las manos frente a la
injusticia que se está cometiendo? ¿y qué hará el pueblo cristiano
frente al injusto sufrimiento de estas mujeres? ¿Pedir que continúe su
suplicio ó exigir a quienes gobiernan su liberación inmediata ?.
No dejemos pasar esta oportunidad para comenzar a reparar injusticias.
(*) Columnista de ContraPunto
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