Entrevista con Eduardo Romero, coautor del libro "Qué hacemos con las fronteras"
No hace falta esperar brotes xenófobos, el Estado ya desarrolla políticas racistas y xenófobas”
eldiario.es
La era de hipermovilidad que vivimos se caracteriza tanto por forzar como por impedir el movimiento de personas: fronteras blindadas y políticas migratorias represivas, junto a desplazamientos forzosos de poblaciones por todo el planeta. Para hablar de las migraciones y su función en el capitalismo (vaciando territorios y llenando otros; desposeyendo poblaciones en unos lugares y aumentando la mano de obra barata en otros) hablamos con Eduardo Romero. Miembro del colectivo asturiano Cambalache, es coautor del libro Qué hacemos con las fronteras, junto a Gema Fernández, Pablo "Pampa" Sainz, Raquel Celis y Leire Lasa. Una propuesta por un mundo sin fronteras, donde nadie sea obligado a desplazarse ni impedido de hacerlo.
¿Por qué consideráis que
el hecho migratorio suele ser simplificado y descontextualizado en los
análisis habituales? ¿Qué tipo de interpretación proponéis a cambio?
No llamaríamos ‘análisis’ a la mayor parte de las numerosísimas
informaciones que, en los últimos años, se han referido al hecho
migratorio. Por el contrario, esas informaciones tienden a presentar el
proceso migratorio como ‘acontecimiento puro’, en forma de noticia
televisiva que nos muestra a las personas migrantes como seres sin
pasado y sin futuro. ‘Humanizar’ los procesos migratorios no es
tratarlos con sentimentalismo. Los medios de comunicación han logrado
esta conjunción: máximo sentimentalismo y máxima indiferencia.
Necesitamos menos fotogramas de personas migrantes enganchadas a las
vallas de Ceuta y Melilla o desmayadas en una playa de la costa
española; necesitamos más análisis de los procesos migratorios que los humanicen
de la única forma posible: devolviendo las migraciones a su contexto
social, económico y político. Insertándolas en el marco de la radical
desigualdad que este sistema genera; relacionándolas con la necesidad
del capitalismo de provocar la movilidad forzada de millones de
personas; contextualizándolas –también– en la trama del patriarcado a
escala planetaria.
¿En qué se nota vuestra mirada desde el activismo social, frente a lo que consideráis "los relatos eruditos para el consumo interno de la academia"?
Nosotras no podríamos escribir sobre las migraciones ‘desde fuera’. La
motivación para escribir este libro es alimentar luchas y vínculos de
solidaridad y apoyo mutuo que se han dado y se seguirán dando en el
marco de los colectivos sociales que pretenden acabar con la política
migratoria llevada a cabo por el Estado español y la Unión Europea. Nos
parece fundamental que los colectivos sociales enfangados en las luchas
reales sean capaces –seamos capaces– de elaborar nuestro propio
pensamiento crítico. Este librito es una oportunidad para difundir una
pequeña muestra de este pensamiento.
En el libro caracterizáis el tiempo actual como "la época de la hipermovilidad", pero vuestra postura hacia esa facilidad de movimiento es crítica, ¿por qué?
Hace unos pocos años, el pensamiento antidesarrollista
se observaba desde lejos, señalándolo como un pensamiento anclado en el
pasado y sin nada que decir sobre el presente y el futuro. Ahora, en
plena crisis de acumulación capitalista, con un horizonte relativamente
cercano de agotamiento de fuentes de energía imprescindibles para
sostener este energívoro sistema y con análisis oficiales suscribiendo
discursos catastrofistas, parece que las cosas se pueden ver de otra
manera. La hipermovilidad de esta sociedad, los novecientos y pico
millones de desplazamientos turísticos anuales, la masificación y
popularización de los medios de transporte –el coche como paradigma
pero también, por ejemplo, los vuelos baratos– son una anomalía
histórica que desaparecerá más temprano que tarde. La verdadera
invasión no es la de las personas migrantes, sino la que devasta
ecosistemas y comunidades a través del neocolonialismo. Una de sus
expresiones más genuinas es el turismo de masas.
¿Por qué creéis necesario un análisis diferenciado de la situación de las mujeres migrantes? ¿En qué consiste el vuestro?
De toda la población migrante que ha llegado al Estado español en los
inicios del siglo XXI, casi la mitad han sido mujeres. En algunos
casos, como en la migración latinoamericana, ellas han sido mayoría. Hay países de origen en los que más del 70% de la población que salía hacia España eran mujeres.
Pero la dimensión cuantitativa de la respuesta, aunque importante, no es la principal.
Cualquier análisis que, como el nuestro, pretenda reconstruir las
trayectorias emigrantes en sus diversos episodios, desde la situación
en el país de origen que provoca la migración hasta la función que las
personas migrantes asumen en el lugar de destino, debe preguntarse por
el específico papel jugado por las mujeres. Ellas suelen ser a la vez,
en el lugar de origen, las principales víctimas del patriarcado y del
capitalismo y las que lideran la supervivencia de sus familias. Las más
pobres, las más amenazadas por la violencia económica y sexual, pero
también las que sostienen la vida –en el campo o en los suburbios de
las ciudades miseria– de sus personas más cercanas. Muchas veces es ese
mandato de género, ese cuidado por sus hijos e hijas, por sus personas
mayores y dependientes, el que las empuja a asumir la separación de los
suyos para utilizar la estrategia migratoria como forma de
supervivencia colectiva.
Cientos de miles de mujeres han dejado
a sus familias para venir a cuidar a personas dependientes en España.
Sustituyen parcialmente, por cierto, a las mujeres autóctonas que,
sobre todo desde la segunda mitad de los años noventa, se incorporaron
al mercado de trabajo, por supuesto en muchas peores condiciones que
los hombres. Dado que no hubo ningún reparto social de los cuidados,
que siguieron descansando en los hombros de las mujeres, las migrantes
vinieron a realizar las tareas que muchas autóctonas ya no podían o no
querían hacer.
Otra razón para que los análisis de este libro no
se refieran a Soufian o a Adama sino a, entre otras, Hope y Faith, es
la necesidad de realizar un análisis específico de las circunstancias
que forman parte del hecho migratorio para las mujeres que viajan desde
su lugar de origen hasta la llamada frontera sur. En el libro
se relata el verdadero infierno que sufren las mujeres que, atrapadas
en redes de trata, viajan a través del desierto hasta llegar a
Marruecos. La política de colaboración continua entre el gobierno
español y marroquí favorece que las redes de trata jueguen un papel
protector de las mujeres en su viaje, a pesar de que en su seno se
ejerzan diversas formas de violencia sobre ellas. Las mujeres, como
estrategia de supervivencia, se ven obligadas a aceptar esas reglas
para protegerse de violencias aún mayores, ejercidas por los Estados y
policías que se han convertido –a sueldo de Europa– en los gendarmes de
la frontera sur.
Relacionáis las migraciones (vaciar y
sobrepoblar territorios) con la acumulación capitalista, pero no solo
con la acumulación originaria, sino también hoy. ¿Cómo opera en la
actualidad esa "acumulación por desposesión"?
David Harvey –eso creo– ha acuñado ese término para llamar la atención
sobre el carácter contemporáneo de la acumulación originaria. El
despojo, el robo con violencia, no es una característica exclusiva de
los orígenes del capitalismo, sino que está plenamente vigente e
incluso se expande en situaciones de crisis como la actual.
Nos
interesa inscribir el análisis de las migraciones en el análisis de la
movilidad capitalista. Ello nos ha llevado a analizar la historia de la
movilidad de las poblaciones en el último siglo y medio: son numerosos
los ejemplos de procesos migratorios que conjugan movilidad forzada en
origen –para vaciar territorios– con necesidad de una abundante y
miserable fuerza de trabajo en el lugar de destino. Actualmente, el
mecanismo sigue funcionando: para ocupar millones y millones de
hectáreas en África o en América Latina para monocultivos de
exportación, para actividad minera y de extracción de hidrocarburos,
para construir grandes centrales energéticas, etc., es necesario
previamente provocar el desplazamiento forzado de millones de personas.
Una parte de ellas sufre la migración interna y pasa a engrosar los
abultados números de la población que hace crecer cada vez más los
suburbios de las megalópolis periféricas; pero otra parte acaba
llegando a los llamados países desarrollados en busca de un futuro.
¿Qué es el derecho a la inmovilidad? ¿Cómo se formularía y protegería un derecho así?
No pretendemos acuñar un término jurídico cuando hablamos de derecho a la inmovilidad.
Más bien es un término que trata de complementar a aquellos
planteamientos políticos que, al hablar de las migraciones, se fijan
exclusivamente en la exigencia de la libertad individual de movimiento.
Parecería entonces que terminar con los dispositivos fronterizos
represivos en el lugar de destino –en nuestro caso acabar con la Fortaleza Europea– sería suficiente para garantizar el derecho a la movilidad.
Y, sin embargo, abatir las fronteras es una condición necesaria pero no
suficiente, pues muchas de las personas que emigran no lo hacen en
ejercicio de su libertad, sino que se ven forzadas por motivos
económicos y políticos a irse de su tierra de origen, a separarse de su
gente. En el libro decimos que hay incluso lugares en los que la
violencia se ejerce precisamente para que la gente se vaya.
El derecho a no moverse debería formar parte, por tanto, del derecho a la movilidad.
Los conceptos más relacionados con este planteamiento son ajenos a la jerga sociológica o jurídica sobre las migraciones: la soberanía alimentaria
de los pueblos, y también su soberanía energética y política; la
autonomía de las mujeres y la ausencia de violencias patriarcales
contra ellas... Todos esos son conceptos que, aparentemente alejados de
las cuestiones migratorias, fundarían –en conjunción con el fin de las
fronteras– un verdadero derecho a la libertad de movimiento.
¿Qué papel juegan las transnacionales españolas en los desplazamientos forzosos y violentos de población en otros países?
Aprovechando los análisis específicos que Leire y Raquel –coautoras del
libro– han llevado a cabo sobre el papel de las multinacionales en
Colombia, mostramos cómo un buen puñado de empresas españolas ocupa
territorios previamente vaciados de personas por la violencia militar y
paramilitar. En Colombia, cada año, cientos de miles de personas se
convierten en desplazadas forzosas. Las multinacionales españolas del
ámbito de la energía, por ejemplo, se instalan gracias a estos
desplazamientos y succionan los recursos naturales del país. Otras
muchas empresas se aprovechan además del éxodo rural hacia las ciudades
para enriquecerse a base de incrementar las tasas de servicios como el
agua, la electricidad, la telefonía, etc.
Mientras, la
posibilidad para las personas de nacionalidad colombiana de acceder al
estatuto de asilo en el Estado español es cada vez más pequeña.
¿Qué balance hacéis del blindaje de la Frontera Sur que ha desarrollado Europa y en concreto España en los últimos años?
El panóptico fronterizo ha sido definido por Rubalcaba de forma
insuperable: "Casi nadie entra en España ya sin que le veamos". Y,
efectivamente, la violencia aplicada en la frontera ha tenido
resultados palpables: casi veinte mil personas ahogadas en el mar y
varios miles de desaparecidas en la Frontera Sur de Europa; muertes en
el desierto de personas abandonadas por los ejércitos norteafricanos,
sin agua y sin comida, en medio de la nada; cuerpos tiroteados en las
vallas de Ceuta y Melilla; miles de encarceladas en prisiones y centros
de detención al margen de cualquier legislación, en países como
Mauritania, Marruecos, Argelia o Libia…
Pero la construcción de
la amenaza que viene del Sur ha dado otros réditos políticos: ha creado
un enemigo externo –los africanos que nos invaden– e interno –mediante
la intensificación de la islamofobia–; ha impulsado prácticas
neocoloniales con la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal
–véase el Plan África–; y se ha combinado con las fronteras interiores
para disciplinar a la población migrante bajo la amenaza de la
expulsión.
La derecha suele caricaturizar la opción de
‘papeles para todos’. ¿Cuál es vuestra postura respecto al sistema de
permisos administrativos?
No estaría mal un escenario
político en el que fuera ‘la derecha’ quien defendiera en exclusiva la
política migratoria. Pero, ¿ha sido la derecha quién la ha puesto en
marcha? Depende de lo que entendamos por ‘derecha’. Los gobiernos del
PSOE y del PP no se distinguen respecto a su política migratoria. Los
sindicatos mayoritarios han dado cobertura a la Ley de Extranjería y su
planteamiento no difiere del lema de la campaña de la ultraderecha:
‘los españoles, primero’. CCOO, por ejemplo, ha publicado documentos en
los que pedía más contundencia del gobierno para que los países
africanos aceptaran las repatriaciones. Resulta más fácil, por todo
ello, caricaturizar el vacío e hipócrita ‘progresismo humanitarista’
que la opción de ‘papeles para todos’. En cualquier caso, los
colectivos sociales que nos enfrentamos a la política migratoria no nos
enfrentamos a ella de manera aislada, sino en el marco de una práctica
y un discurso que pretende ser anticapitalista. No es nuestro papel el
de proponer medidas administrativas que palien el sufrimiento para una
parte de las personas migrantes, sino el de poner en jaque –y no sólo
con palabras– la política migratoria.
¿Qué papel desempeñaron los trabajadores inmigrantes durante los años de la burbuja inmobiliaria?
El período de auge económico se caracteriza por un espectacular aumento
de la población asalariada: de 12 a 20 millones en trece años
(1994-2007). Hay dos procesos que hicieron posible este aumento sin
que, a la vez, se desplomara la tasa de paro: la incorporación
acelerada de las mujeres autóctonas al trabajo asalariado; y la entrada
de millones de hombres y mujeres migrantes al mercado de trabajo
español. No hubo, por tanto, una política de cierre de fronteras, sino
una política de creación de una fuerza de trabajo migrante barata y
servicial. Los dispositivos fronterizos han sido útiles sobre todo para
eso: no para producir expulsiones sino para producir inmigrantes
amenazados y amenazadas de expulsión.
El trabajo barato aportado
por la población migrante ha sido esencial para duplicar el empleo en
la construcción en un cortísimo período de tiempo en los primeros años
del siglo XXI; pero también lo ha sido para alimentar la agricultura
bajo plástico, la hostelería, el trabajo de cuidados, etc.
¿Cómo analizáis la actual emigración de trabajadores españoles a otros países?
Una buena parte de la población del Estado español había demostrado que
tenía muy poca memoria, pues el cruce de la frontera en sentido
contrario había sido relativamente reciente. Ahora que vuelve a
producirse, vemos que se repite la lógica que ya hemos señalado a lo
largo de esta entrevista: cómo la crisis en origen –ahora en España–
provoca la ‘huida’ hacia otros lugares con economías ‘emergentes’ o
menos devastadas por la crisis.
¿Veis algún riesgo de brotes xenófobos en España por causa de la crisis?
A lo largo y ancho del Estado, uniformados provistos de pistolas,
porras y a veces perros montan dispositivos que identifican y detienen
a personas por su aspecto ‘racial’; existen centros de internamiento
específicos para personas inmigrantes; el Estado financia macabros
vuelos de deportación a los que se sube a las personas deportadas por
la fuerza… No hace falta esperar brotes xenófobos de ‘la población’ o
preguntarse si ‘la sociedad’ es racista. No hace falta dar protagonismo
al discurso de las organizaciones llamadas ‘ultraderechistas’. El
Estado español y sus principales partidos políticos han desarrollado
políticas racistas y xenófobas, y han generalizado estas prácticas en
el corazón de las instituciones. ¿Es racista la gente? Al menos es
seguro que el racismo social va a rebufo del institucional.
¿Cómo podemos construir hoy redes de solidaridad entre trabajadores,
vecinos, ciudadanos, activistas, que incluyan a los inmigrantes?
Afortunadamente no hay una lucha ‘autóctona’ a la que sumar a las
personas migrantes. Hoy en día menos todavía. El entrelazamiento entre
población migrante y autóctona en la lucha contra los desahucios o en
la lucha contra el recorte sanitario se ha dado de forma natural.
La lucha contra la política de extranjería exige un nivel de
especialización muy grande, y marca diferencias radicales entre quienes
se ven afectadas por ella y quienes tienen un DNI y no tienen que
preocuparse por un permiso de residencia. Sin embargo, este nuevo ciclo
de conflictos ofrece la posibilidad de que este encuentro se produzca.
Y, de hecho, se está produciendo. Uno de los retos es aprovechar ese
escenario para lograr que la multiplicación de conflictos sociales
refuerce también la lucha contra la política de extranjería.
¿Qué función cumplen los CIE en esta política de extranjería? ¿Y las redadas policiales?
Los Centros de Internamiento de Extranjeros son el eslabón intermedio
de la cadena que empieza en las redadas racistas y termina en las
expulsiones. Pero su papel no es solamente el de servir de engranaje
para llevar a cabo dichas expulsiones. Por el contrario, quizás su
función más importante es la de contribuir a sembrar el miedo y, por
tanto, la sumisión, entre el conjunto de la población migrante. En
realidad, toda la cadena represiva funciona sobre todo como instrumento
ejemplarizante: cualquier migrante debe sentir que la posibilidad de
acabar en un CIE es real, que ese vuelo de deportación que cuentan en
el periódico podría haber sido el suyo. Millones de redadas racistas
son efectivas para que las personas migrantes sientan ese miedo.
También son eficaces para criminalizarlas, para escenificar en la calle
que realmente hay enemigos internos a los que controlar, identificar y
expulsar.
¿Ha cambiado en algo la situación de los CIE tras las denuncias?
La avalancha de informes, denuncias y acciones contra los CIE ha
llegado a incomodar al Estado español. Concretamente, la sucesión de
informes de gran contundencia y la muerte de una persona en el CIE de
Aluche (diciembre de 2011) y otra en el de Zona Franca (enero de 2012),
nada más iniciada la legislatura del PP, provocó que el nuevo gobierno
promoviera reuniones con diversas organizaciones sociales y prometiera
la aprobación de un reglamento para los CIE. Año y medio después de
aquellas muertes el prometido reglamento aún no se ha aprobado, y el
borrador del mismo demuestra que es un mero lavado de cara, hipócrita
hasta en la propuesta de cambio de denominación de los centros. Quizás
los CIE suenen demasiado a campo de concentración, así que ahora se
pretende que su nombre sea Centros de Estancia Controlada de Emigrantes
(CECE).
El gobierno ha jugado a enredar a algunas organizaciones
con la negociación de dicho reglamento, mientras ganaba tiempo después
de la sucesión de escándalos y mientras trataba de presentarse como
impulsor de una política más humanitaria: junto a la reforma de los
CIE, anunció el supuesto fin de las redadas. Ni una cosa ni la otra se
han dado. E incluso las organizaciones que optaron por negociar han
visto que lo que se ofrece es más de lo mismo.
El carácter
racista, arbitrario y represor de los CIE está en su propio código
genético. Por ello no puede haber otro horizonte que acabar con ellos,
llámense CIE o CECE. En el libro recogemos ejemplos de luchas que,
desde dentro o desde fuera, por toda Europa, han impugnado estas
cárceles: concentraciones, marchas, huelgas de hambre, fugas y hasta el
incendio del centro de internamiento de Vincennes (Francia).
Habláis de la necesidad de aprender de experiencias de activismo y
desobediencia como las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos
Humanos, ¿en qué sentido?
Seguramente si viéramos en
retrospectiva la existencia de millones de identificaciones racistas,
nos escandalizaríamos de que una sociedad hubiera permitido que se
llevaran a cabo. Sin embargo esto está ocurriendo ahora, en esta última
década, y no podemos decir que sea algo que pasa desapercibido, pues es
bien visible y palpable, ya no sólo a través de los medios de
comunicación sino en la experiencia de quienes caminamos por las
ciudades y barrios del Estado español.
Es imprescindible
denunciar las redadas y, si se puede, impedirlas allí donde se
realizan. Las Brigadas han hecho en Madrid un trabajo de documentación
y denuncia de las mismas muy valioso. En otros lugares del Estado, a
través de intervenciones en los puntos negros de las redadas,
existe también todo un bagaje de denuncia y resistencia contra las
mismas. Es importante que esa acumulación de experiencias se ponga en
común y circule entre los colectivos sociales como aprendizaje
colectivo y como forma de reforzarnos mutuamente.
Para más información y para ampliar estas propuestas, el libro Qué hacemos con las fronteras. Y en la web de la colección Qué hacemos: www.quehacemos.org
Eduardo Romero es miembro de la Asociación Cambalache
y de su Grupo de Inmigración. Participa en la iniciativa asturiana
"Ruta contra el racismo y la represión", y es autor de varios libros
editados por Cambalache: Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010), A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración (2007). También ha participado en las obras Frontera Sur (Virus, 2008), y Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente (Bardo Ed. 2011). Colabora además en la publicación feminista La Madeja.
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