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miércoles, 18 de abril de 2012

Debate en Nicaragua sobre participación ciudadana en el gobierno

Daniel OrtegaPor María Julia Mayoral

Managua, 18 abr (PL) El debate sobre democracia y participación ciudadana vuelve a colocarse en primer plano del escenario político en Nicaragua, por la propuesta del presidente Daniel Ortega de triplicar los concejales en el país.

  Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, confirmó que en los próximos días el mandatario remitirá la iniciativa de ley a la Asamblea Nacional, pero antes comparecerá en acto público para explicar detalles al pueblo.

Planteada como un aporte al ejercicio de la democracia directa, la proposición concibe aumentar los concejales de dos mil 178, incluidos propietarios y suplentes, a seis mil 534.

Con las modificaciones, 83 de los 153 municipios pasarían de cinco a 16 integrantes en sus concejos; en el caso de la capital la composición variaría de 19 a 80, mientras otros territorios populosos tendrían 50 (Masaya), 40 (Matagalpa) y 35 las demarcaciones, cuya población va de 150 mil a 200 mil habitantes.

Dicho incremento, aclaró Murillo, no representará gastos adicionales por parte del Estado, pues se mantendría el presupuesto previsto por concepto de salarios y viáticos para esos cargos públicos.

Si el parlamento unicameral la aprueba, esa norma entraría a aplicarse en las elecciones municipales de noviembre próximo, precisó.

Según la argumentación del Ejecutivo, contar con un mayor número de concejales ayudará a "estar en constante contacto y comunicación con la comunidad, recogiendo, discutiendo las propuestas, los problemas, y todas las alternativas de solución", expuso Murillo.

La aspiración, dijo, es establecer un sistema de asambleas desde la comarca y el barrio, que "propicie una discusión a fondo con nuestro pueblo".

Esta iniciativa presidencial, recordó, se une a otra reciente, suscrita por la Asamblea Nacional en febrero, mediante la cual se estableció que todos los partidos políticos deben incluir a las mujeres, en proporción de al menos el 50 por ciento, en listas de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales.

Los votos de los electores, opinó, deben traducirse en voz de las comunidades, "presentes a través de esas asambleas y congresos que tendremos que organizar en todas esas comunidades, comarcas, barrios; nuestro modelo no es solo de la ciudadanía para votar, sino participación de la ciudadanía para protagonizar".

Para estudiantes universitarios, contactados por la prensa sandinista, el proyecto sería ventajoso en tanto ampliaría el espectro de opiniones a la hora de evaluar el desempeño del gobierno local e incorporar y aprobar planes económicos y sociales.

Mientras, El Nuevo Diario refiere desacuerdos en distintos departamentos por considerar que el aumento de los concejales incorporaría demasiadas personas a la Alcaldía y "no lograrían ponerse de acuerdo a lo interno de la municipalidad".

"Si en una sesión a veces no logran consensuar los votos para aprobar una iniciativa, no veo cómo se van poner de acuerdo 35 personas", dijo uno de los consultados por el diario en el barrio La Sabaneta en Granada.

También el periódico La Prensa, con línea editorial antisandinista, reseña críticas a los métodos a la hora de postular candidatos y asocia la iniciativa del Presidente a la búsqueda de mayor poder para el gobernante FSLN.

En cambio, la diputada Alba Palacios, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, estimó que la propuesta fortalecería la capacidad de trabajar por los problemas de barrios y comunidades.

Similares evaluaciones realizó la legisladora Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, al apreciar que "no se está buscando el beneficio personal de los concejales sino acercar la gestión y los servidores públicos al barrio, la comarca", sin aumentar los gastos presupuestarios.

Sin llegar todavía a manos del Parlamento, esta nueva iniciativa presidencial genera una discusión de indiscutible valor para los nicaragüenses, quienes mayoritariamente votaron por la continuidad de Ortega al frente del Ejecutivo con un proyecto "socialista, cristiano y solidario".

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