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jueves, 22 de marzo de 2012

Corte Suprema El Salvador analiza pedido de extradición de España

Imagen activa22 de marzo de 2012, 00:41San Salvador, 22 mar (PL) El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador considerará hoy un pedido de extradición de España contra exmilitares acusados de una matanza de sacerdotes jesuitas en 1989.

  El reclamo fue presentado por el gobierno español el pasado 12 de enero y hasta el momento el caso había sido estudiado por los 15 jueces de la Corte, que también solicitó descargos por escrito a los abogados defensores.

La convocatoria de la sesión fue anunciada hace dos días por el presidente de ese órgano, Belarmino Jaime, quien no dio mayores detalles sobre el desarrollo del proceso.

El magistrado Florentín Meléndez opinó que al menos 10 de los 15 integrantes de la Corte ya han decidido el rechazo al pedido español.

Esto es la crónica de una decisión anunciada: la negatoria de la extradición, expresó.

Meléndez opinó que la solicitud del gobierno español procede, pues se trata de un crimen de lesa humanidad.

En agosto pasado, la Corte desestimó por mayoría una solicitud de arresto con fines de extradición de Policía Internacional (Interpol), aduciendo que no fue canalizada por las vías diplomáticas establecidas.

La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989, cuando comandos del ejército entraron a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con la orden de matar a los sacerdotes y no dejar testigos, de acuerdo con investigaciones posteriores.

Los asesinados fueron los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA; Ignacio Martín Baro, quien era el vicerrector; Segundo Montes, Amado López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López.

La acción de las tropas del ejército le costó la vida también a la empleada doméstica de los religiosos y a su hija menor de edad, Elba Ramos y Celina.

España pidió la extradición de los generales Rafael Humberto Larios, entonces ministro de Defensa, y Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea.

Otros reclamados son los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; los coroneles Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y �"scar Alberto León Linares.

Además, los tenientes José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y el cabo �"scar Mariano Guzmán.

De los acusados se encuentran en Estados Unidos: Inocente Orlando Montano Morales, entonces coronel del ejército y viceministro de Seguridad Pública, y el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, quien estaba destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia.

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