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miércoles, 23 de febrero de 2011

Más de 11 mil migrantes fueron secuestrados en México en seis meses de 2010

Al menos 11 mil 333 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron secuestrados en México entre abril y septiembre de 2010, informó este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) .

En la presentación del “Informe especial sobre secuestro de migrantes en México” , el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, criticó que “no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices de secuestro en perjuicio de la población migrante” en el país.

Por nacionalidades, el 44.3 por ciento de las víctimas fueron hondureños, seguidos por los salvadoreños (16.2%), guatemaltecos (11.2%) , mexicanos (10.6%), cubanos (5%), nicaragüenses (4.4%), colombianos (1.5%) y ecuatorianos (0.5%).

“Del total de testimonios recabados, el 15.7 por ciento corresponde a experiencias narradas por mujeres migrantes”, dijo el presidente de la CNDH.

El organismo documentó 214 casos de secuestro, muchos de ellos masivos, y descubrió que en muchos de ellos hay migrantes “infiltrados” entre los grupos de indocumentados que trabajan en colaboración con los delincuentes y funcionarios corruptos que participan en estos secuestros.

Aparte de los secuestros, los inmigrantes -la mayoría de ellos en busca de una vida mejor en EE.UU.- sufrieron actos de “extorsión, discriminación, explotación, abuso físico y sexual” en su contra.

El período que abarcó el estudio fue de abril a septiembre de 2010, y los estados con más incidencia de casos fueron los de Veracruz (este) , Tabasco (sudeste) , Tamaulipas (nordeste) , San Luis Potosí, en el tercio norte del país, y el sureño de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

El sudeste del país concentró el 67.4 por ciento de los casos, seguido por el norte (29.2%) y el centro del país, con un 2.2 por ciento de los secuestros.

La CNDH, un organismo público descentralizado con funciones de Oficina del Defensor del Pueblo, logró documentar 214 casos de secuestros de migrantes, masivos en su mayoría, y sobre la base de los testimonios de las víctimas y otros estudios elaboró el informe presentado hoy.

“La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes es extrema, sobre todo ante casos de secuestro en los que se viola la dignidad personal y los derechos inherentes a éstas” , destaca el análisis.

Además, incluye 28 recomendaciones para varias dependencias del Gobierno federal y de los estados mexicanos, entre las que destacan las de “instrumentar mecanismos ágiles de presentación de denuncia desde el extranjero” y crear un protocolo de atención a los migrantes víctimas de secuestros en México.

Otra de las demandas es que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal fortalezca la seguridad “en las zonas aledañas a las vías donde pasan los trenes utilizados por los migrantes en su tránsito” por México.

Plascencia condenó la situación y urgió a las autoridades a hacerse cargo de un problema persistente en este país.

Para el representante de la CNDH aún “el Estado mexicano no cuenta con criterios claros y homologados entre las distintas instancias judiciales para la sistematización, seguimiento, intercambio de información, generación de registros y estadísticas delictivas” respecto a estos casos.

Por ello consideró “imprescindible abatir la impunidad en todos sus ámbitos y particularmente en el tema de las agresiones en contra de migrantes” .

Además de Plascencia, en la presentación del informe participó el quinto visitador del organismo, Fernando Batista Jiménez, quien dijo que no eran posible saber con certeza qué grupos criminales son los que más se dedican a esta actividad.

No obstante, organizaciones como los Zetas han estado al parecer detrás de algunos casos. El más destacado fue el hallazgo el 24 de agosto pasado de 72 migrantes masacrados en el municipio de San Fernando.

El Senado mexicano analiza una iniciativa que reformaría la Ley General de Población, un asunto al que se refirió el presidente de la CNDH.

Señaló que el organismo a su cargo “no tiene facultades para intervenir en el proceso legislativo” pero que iniciaría acciones de inconstitucionalidad en caso de que, “como producto del mismo, se generase una situación que violente los derechos humanos de las personas” .

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