¿Quién se empeña en sumir a la region triqui en la violencia total? qué preparan el Estado mexicano y el gobierno de Oaxaca para los triquis?
Zósimo Camacho | Contralínea
Lamentable, el asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y del Partido Unidad Popular. Condenable, la ejecución del dirigente de la organización más antigua y numerosa de la región triqui, al poniente del estado mexicano de Oaxaca.
El asesinato político casi se institucionalizó en el estado como un mecanismo para "dirimir" conflictos políticos durante el gobierno de Ulises Ruiz (claro, no se ha dirimido nada y la espiral de violencia es cada vez más fuerte). Desde la Revolución Mexicana, ningún sexenio había resultado tan sangriento para el movimiento social y las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Oaxaca. La violencia se enseñoreó en todo el estado; pero, particularmente, en la triqui baja, donde se encuentra la capital política y religiosa de esta cultura milenaria: San Juan Copala (o Chuman’a, como los triquis le llaman en su lengua).
La organización de Heriberto Pazos fue acusada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI, impulsor de la autonomía) de encabezar al grupo que, armado con fusiles de asalto AK-47 y AR-15, tomó San Juan Copala a mediados de septiembre pasado para acabar con el proyecto autonomista. Los desplazados de esta población señalaron espontáneamente a los integrantes del MULT y de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort, de filiación priista) de saquear y quemar casas para acabar con el Municipio Autónomo. A decir de los simpatizantes de la autonomía, la alianza MULT-Ubisort fue coyuntural para acabar con un proyecto que dejaba fuera de la región a las organizaciones (siempre encabezadas por mestizos).
El líder máximo de las comunidades triquis simpatizantes de la autonomía, Timoteo Alejandro Ramírez, fue asesinado junto con su esposa en Yosoyuxi por sicarios encubiertos el 20 de mayo pasado, en la culminación de un operativo secreto de al menos seis meses. Como triqui que era, fue despedido por cientos de indígenas en unas exequias humildes. Ningún político de nivel estatal o federal se refirió al hecho.
Anastacio Juárez Hernández, uno de los principales líderes de la Ubisort, quien se ostentaba como "agente municipal" de San Juan Copala y quien supuestamente habría estado al frente del grupo paramilitar que emboscó la caravana de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, fue asesinado el 29 de julio en Juxtlahuaca. El priísmo estatal condenó y se dolió del hecho.
Heriberto Pazos fue asesinado en la ciudad de Oaxaca este 23 de octubre abordo de su camioneta Chevrolet, Colorado LT, de modelo reciente. Ninguno de sus guardaespaldas (dos de la Agencia Estatal de Investigación -del gobierno del estado- y dos de su organización) se percató del hecho, aunque luego los acompañantes dijeron que persiguieron a los asesinos sin darles alcance. Apenas habían transcurrido unos minutos del asesinato y ya se encontraban en el lugar de los hechos el secretario de Gobierno Evencio Nicolás Martínez, la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas y efectivos del Ejército Mexicano. Algunos líderes sociales, políticos vinculados al perredismo y hasta el gobernador “lamentaron” el asesinato. La corona floral enviada por Ulises Ruiz indignó a los dolientes, quienes la arrojaron fuera de los funerales.
“Conflicto interno” o “guerra civil” se apresura a decir el gobierno del estado. Lo cierto es que los asesinatos contra estos tres líderes fueron cometidos por sicarios profesionales, bien entrenados y pertrechados. Las características de estas ejecuciones nada tienen que ver con el modus operandi de las emboscadas triquis (que las hay, y ya han costado decenas de muertos y centenas de heridos).
¿Quién se empeña en sumir a la region triqui en la violencia total? Por lo pronto, ya fueron amenazados de muerte los simpatizantes del municipio autónomo y un luchador social y una reportera solidarios: David Cilia Olmos y Verónica Villalvazo. “Conflicto interno”, dice el Estado mexicano; pero no dice quién arma y entrena a los grupos paramilitares. No dice quién sostiene económicamente esa “guerra”. Tampoco dice por qué un grupo armado pudo sitiar durante más de 10 meses una población sin que fuera molestado por autoridad municipal, estatal o federal alguna.
Asesinado Timoteo Alejandro Ramírez, triqui impulsor de la autonomía; y asesinado Heriberto Pazos, acusado de ordenar la ocupación violenta de San Juan Copala pero duro opositor a la militarización de la región, ¿qué preparan el Estado mexicano y el gobierno de Oaxaca para los triquis?
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